El Fogasa abona 17.146 finiquitos durante la crisis

Se empieza por oír que la empresa está con problemas. Cada vez hay menos trabajo. No se contrata a nadie. Empiezan los despidos de los últimos en llegar a la plantilla. Los más veteranos aguantan. Pero llega el momento en el que la nómina no se ingresa en la fecha justa o el importe preciso. Hay que apretarse el cinturón y se bajan los sueldos hasta que, finalmente, la empresa se declara en bancarrota. Concurso de acreedores y esperar el turno para cobrar. Todo un periplo que supone llegar al límite en muchos hogares hasta que es el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, el que abona salarios e indemnizaciones. Desde que se presenta hasta que se aprueba y se ingresa la cantidad pasan más de seis meses que se suman a la debacle empresarial.Una secuencia de acontecimientos similar es la que han pasado 17.146 trabajadores desde el inicio de la crisis. Es el número de empleados que se han visto afectados por un expediente de órdenes de pago en la provincia de Burgos desde el inicio de la crisis, 2006, hasta 2014. Un total de 5.161 empresas se han visto abocadas a no poder abonar salarios ni indemnizaciones a sus empleados. La cifra de los sueldos que se han gestionado desde el Fogasa en la provincia de Burgos dan cuenta de la magnitud de una crisis que es ya demasiado larga. Durante los últimos nueve años en la provincia de Burgos el Fogasa ha destinado para el pago de salarios e indemnizaciones por despido un total de 88,5 millones. Éstos se reparten entre los 25,3 millones de euros de salarios que las empresas liquidadas debían a sus trabajadores y un total de 63,14 millones de euros en indemnizaciones.«Muchos llegan asfixiados económicamente, es que no tienen ni para comer, hay auténticos dramas», señala el secretario provincial de UGT, Roberto Gómez. Las fuentes sindicales han sido especialmente críticas con la gestión de este servicio que «hasta hace un año se mantenía con el mismo personal que tenían antes del inicio de la crisis». El problema es que desde entonces los expedientes se han multiplicado por seis en la provincia. Esto conlleva uno de los grandes dramas de este proceso tanto a nivel empresarial como sindical: los retrasos del procedimiento. Los trabajadores en Burgos tardan una media de seis meses en percibir los ingresos, que son inferiores a los que tendría que haber abonado la empresa. «Debemos dar gracias que por la diligencia que se toman los funcionarios de este servicio que me consta que han estado horas y horas durante este proceso, se cobra en seis meses pero hay provincias que han llegado a acumular hasta dos años de retraso», señala. El peor momento se vivió a finales del año pasado cuando el Estado tuvo que inyectar fondos a una bolsa que se vaciaba por momentos y desbloquear algunos expedientes eternos en las cuentas bancarias de los afectados. Burgos recibió 4,26 millones de euros para ingresar salarios e indemnizaciones pendientes a 796 trabajadores con procesos abiertos. De esta manera en diciembre se gestionaron el 35% de los expedientes e ingresos previstos de todo el año 2014.Durante el pasado año un total de 666 empresas se vieron abocadas a este proceso que afectó a 2.647 trabajadores. En estos 1.471 expedientes se aprobaron un total de 13,6 millones de euros de los que 3,9 estaban destinados a salarios adeudados y 9,7 a indemnizaciones por perder su puesto de trabajo. Estos datos suponen multiplicar por seis las tramitaciones de este tipo que se realizaban antes de la crisis pero permite volver a cifras de 2010. Se han realizado un 32% menos de expedientes que en 2013, cuando se registró el mayor número. Implica a la mitad de empresas que hace un año y a 900 trabajadores menos. «Hay algo menos pero es lógico porque no queda más tela que la que arde», señala Roberto Gómez. Apunta que «toda empresa que estaba en peligro ha caído y las plantillas están tan ajustadas que es imposible reducir más».