La OMIC contará con una aplicación informática antes del periodo estival

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) contará, previsiblemente antes de verano, con una aplicación informatica de gestión que permitirá «mejorar el servicio en todos sus ámbitos», tal y como explicó el director de la oficina, Luis Morcillo.Este proyecto, que cuenta con una financiación de «20.000 euros en dos años» provenientes de la Agencia Estatal de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, convertirá a la oficina burgalesa «en pionera en innovación tecnológica en tramitación de consultas y gestión del arbitraje».Entre otras ventajas, la aplicación permitirá que «los ciudadanos tengan un acceso electrónico para formular sus reclamaciones y consultas así como que los profesionales y empresas puedan darlas contestación». Así, «tanto consumidores como empresas podrán conocer en todo momento el estado de la tramitación de la reclamación».Otras de las posibilidades de la aplicación son «consultar el censo de empresas adheridas al arbitraje», el acceso de ciudadanos y empresas «a la vista oral arbitraje mediante un sistema de videoconferencias»- ahora se desarrolla de forma escrita o presencial- y «mejorar la tramitación electrónica de los expedientes en vía de mediación y arbitral, permitiendo hacer un seguimiento de las notificaciones administrativas».Asimismo, «se mejorará la inspección y el control del mercado, ya que se integrará el sistema a la base de datos de sujetos y actividades del Ayuntamiento, lo que permitirá detectar cualquier actividad ilegal».Una de las novedades más importantes será la integración de la cita previa. En este sentido, Morcillo explicó que «cualquier ciudadano que quiera acudir a la OMIC no tendrá que esperar ya que podrá fijar una consulta en un día y hora determinada». Esta introducción llegará «con carácter posterior, primero se pondrá en marcha la aplicación para detectar posibles fallos».Memoria 2014Durante el pasado año, la OMIC gestionó «31.684 servicios entre consultas, reclamaciones y formación», explicó la concejal de Participación Ciudadana, María José Abajo, quien aseguró que «la valoración del servicio roza la excelencia ya que el 99% de los usuarios lo califica como muy bueno o bueno y el 100% volvería a usar los servicios de la oficina».En cuanto a las consultas atendidas, «fueron 23.170, el dato más alto de los 31 años de historia de la oficina». De ellas, «14.019 de forma presencial, 6.188 de forma telefónica y 2.963 electrónica». En cuanto a la formación, «la oficina realizó 290 talleres educativos en 38 colegios y con 6.558 alumnos participantes».Sobre las reclamaciones, con 1.956 en 2014, «597 fueron resueltas por la OMIC y 1.359 por la Junta Arbitral», aseguró la concejal. La cuantía media de las mismas fue de «162, euros, muy por debajo de los 527 euros de 2010». Para Abajo, esta cifra supone que «lo que se pelea es el derecho, el abuso por parte de alguna empresa, más que la cantidad».Así las cosas, el 54% de las reclamaciones fueron sobre telefonía, el 16% sobre comercio, el 8% sobre suministros de agua, gas y electricidad, el 6,5% sobre viajes y ocio y el 4,5% sobre servicios profesionales. «La desprotección de los usuarios en telefonía, la indefensión frente a los servicios bancarios y de servicios o las cláusula abusivas de aerolíneas y agencias de viajes fueron los motivos principales», aseguró.En cuanto a resolución de las reclamaciones, «un 31% fue a través de mediación y un 69% mediante el arbitraje de consumo». De ellas, «un 44% resultaron favorables a las pretensiones del consumidor». En lo que respecta a los plazos, «un 49% se solucionó en menos de un mes y un 31% en menos de dos meses». El dato más destacado es que «el 83% de las reclamaciones se resolvieron por vía arbitral en menos de un mes cuando el plazo legal es de 6 meses».Empresas adheridasEl 2014 se cerró con 3.237 empresa y profesionales adheridos al sistema arbitral de consumo, entre los que «no figuran entidades financieras, aseguradoras, empresas de ocio o agencias de viaje» aseguró Morcillo.«En la memoria se hace especial denuncia a la situación en la que se encuentran usuarios de esos sectores con sistemas de reclamación ineficaces». Al consumidor «sólo le queda la vía judicial para resolver un problema de un sector trascendental para la vida».