El 60% de la plantilla de la prisión de Burgos tiene más de 50 años

La prisión de Burgos afronta un ratio de un funcionario por cada 2,2 reclusos. La recomendación es uno por cada interno. La plantilla del centro penitenciario burgalés se encuentra con un 13% de plantilla no repuesta de los 234 puestos de personal funcionario que tiene reconocida la Relación de Puestos de Trabajo mientras que el personal laboral no se sustituyen cuatro de los 26. A la falta de reposición de las plazas vacantes se une el elevado envejecimiento de la plantilla operativa. El 60% de los funcionarios de Burgos tienen más de 50 años, teniendo en cuenta que es un puesto que tiene reconocida la segunda actividad (trabajo de oficina) a partir de los 57 años, la situación es considerada como «de las más graves del país», señaló el secretario general de CCOO de Instituciones Penitenciarias a nivel nacional, Ángel Moreno. Señala que la situación de la plantilla de Burgos está entre las cinco con problemas de personal más graves junto con los centros penitenciarios de Granada, el Dueso (Cantabria), Mansilla de las Mulas (León) y Cáceres. Para CCOO esta pérdida de personal funcionario lleva aparejada una segunda intención. «Se trata de avanzar en una privatización encubierta de las prisiones, un cambio de modelo en el que al final el cumplimiento de las condenas estarán sometidas a un régimen privado cuando esto es uno de los pilares del Estado de Derecho», señala Ángel Moreno.El proceso no es nuevo, «ya se ha hecho en otros países donde se condiciona el número de internos con la rentabilidad» y asegura que los casos son similares. La primera fase de privatización que denuncia Comisiones Obreras está relacionada con los servicios de mantenimiento y limpieza. «En principio los trabajos se realizaban por personal funcionario, después se pasó a compaginar entre funcionarios y empresa privada para, al final, con la jubilación del personal funcionario no reponer estas plazas y asumir cada vez más cuota de servicio la empresa privada», resume Moreno. Una escalada en la que la privatización de la vigilancia exterior perimetral del centro burgalés supondría la segunda fase de ese proceso. «La lectura que sacamos es que el proceso se extenderá porque no se reponen efectivos», señala Moreno quien destaca que, ahora mismo, conviven los empleados de la adjudicataria de la vigilancia exterior con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la vigilancia del área interior de las instalaciones.«Estamos ante un proceso de deterioro de la función pública que en el caso de Burgos es grave porque la falta de personal, si no se toman acciones al respecto, los propios trabajadores se tendrán que quedar sin vacaciones o perder derechos que tienen reconocidos porque no hay personal suficiente», señalan. Una situación que añaden  «irá a peor si no se pone remedio dado que la nueva normativa penal de robos y hurtos aumentarán la estancia en prisión en este tipo de delitos».