Cuatro de cada diez empleadas del hogar cotizan en la Seguridad Social

Uno de los principales sectores marcados por el empleo sumergido es el de las empleadas del hogar. En la provincia burgalesa el dato estimado de empleadas del hogar, según la Encuesta de Población Activa (EPA), es de 7.000 personas. De ellas, tal y como explicó José Luis Sacristán, secretario responsable de Construcción y Servicios de CCOO de Burgos, «3.110 están dadas de altas de en la Seguridad Social».En el sector, «uno de los más castigados por la precariedad laboral y por la ausencia de derechos de 2011», comenzó a «vislumbrarse una ligera mejoría gracias al Acuerdo de Integración en el Régimen General de la Seguridad Social firmado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT», que «supuso importantes pero insuficientes mejoras de las condiciones laborales y de la cotización». Esta «iniciativa de altas se vio truncada en diciembre de 2012 al modificar, el Gobierno, la normativa de responsabilidad del empleador de ingreso de la cuotas a las SeguridadSocial». Una circunstancia que «cortó la tendencia de altas que se estaba produciendo». Una tendencia positiva que, en gran parte, se debía «a que las multas por no dar de alta a las trabajadoras eran de 3.000 euros en adelante».Para Sacristán, «la inexistencia de una ley que regule el sector significa que los trabajadores carezcan de derechos básicos tales como el desempleo, el subsidio para mayores de 55 años, la jubilación o el cobro del Fogasa en caso de insolvencia de sus empeladores o se mantengan cláusulas tan funestas como la de desestimiento, por la que el empleador puede despedir al trabajador argumentando que ha perdido la confianza».Con el objetivo de «dar un impulso al sector», CCOOrequiere «la ratificación del convenio 189 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT) que marca las normas básicas de trabajo decente para el colectivo, establecidas por países como Alemania o Argentina». Sacristán exigió al Gobierno que «iguale en derechos a este colectivo con el resto del país y cree leyes igualitarias». Unas normas que debería contemplar «la creación de contratos de trabajo, afiliación a la Seguridad Social, cotización real para su jubilación, derecho a prestación por incapacidad temporal, prestaciones por riesgo de embarazo y posterior cobertura en los mismos términos que en el Régimen General, derecho a las prestaciones del Fogasa, indemnización por despido y retribuciones salariales que no sean nunca inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por catorce pagas».Para ello, los sindicatos realizarán una recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular al Gobierno para que «de una vez se acoja al convenio 189».Una de las problemáticas más marcadas en el sector es la falta de inspección. «Todos sabemos que hay economía sumergida en el sector pero denunciarlo a laInspección es casi ‘perder el tiempo’ por el simple hecho de que no pueden acceder a una vivienda sin una orden judicial». El sindicalista es consciente de que «no hay la inspección suficiente para verificar todos los casos».Mayoría inmigranteLa gran mayoría de las empleadas del hogar «son inmigrantes» y es que «muchas han encontrado en el sector una forma digna de trabajar a pesar de las condiciones de semiesclavitud a las que algunas se enfrentan». Aeste tenor, Sacristán denuncia que «gran parte de las internas deben enfrentarse a largas jornadas sin descanso ni sábado ni domingo» o que «muchas de las trabajadoras no llegan al SMI».Mohamed Chograni, trabajador del Centro de Información a Trabajadores Extranjeros (CITE-Burgos), explica que «desde el sindicato trabajamos en dos niveles, el laboral, asesorando a las trabajadoras sobre sus derechos, y a nivel de extranjería, ya que muchas mujeres han podido regularizar su situación administrativa dentro del sector».Asegura que «cada vez hay menos personas en situación irregular ya que cada llegan menos inmigrantes», el empleo doméstico «ha supuesto para muchas inmigrantes la puerta de entrada al mercado laboral, por tratarse de un sector en el que ‘se permite’ la economía sumergida».