MUNICIPAL
El PSOE alerta de que podrían prescribir 800.000 euros del impuesto de plusvalías
La razón que esgrime el concejal Antonio Fernández Santos es el mal funcionamiento de la oficina tributaria
El concejal del Partido Socialista Antonio Fernández Santos considera que el Ayuntamiento de Burgos perderá dinero en la recaudación de impuestos a causa del «mal funcionamiento» del órgano de gestión tributaria (BAC). De hecho advirtió de que podrían prescribir expedientes de plusvalías a través de los cuales las arcas municipales dejarían de ingresar alrededor de 800.000 euros. En opinión del edil socialista, el tiempo de funcionamiento de la BAC (Burgos Atención al Contribuyente) ha sido ya el suficiente como valorar que está siendo un «fracaso» a pesar de los esfuerzos del personal asignado a la oficina.
Fernández Santos considera «inconcebible» que una circunstancia como ha sido la reclamación de la devolución de una parte del IBI de los años 2013 y 2014 haya colapsado en los últimos días la oficina tributaria. En su opinión, la institución debería haber reaccionado a tiempo y evitar las colas de ciudadanos de más de dos horas de espera habilitando un registro temporal específico para recoger esas instancias. «Los responsables políticos debían haber reaccionado porque se han paralizado expedientes importantes que afectan a la recaudación durante un montón de días por la llegada de la oleada de reclamaciones», dijo. Llamó la atención sobre el hecho de que el mismo registro general por las mañanas podía haber recogido esas reclamaciones para evitar la paralización de la BAC.
El concejal insistió en que se han pagado dos millones de euros por un sistema tributario que no funciona como debería. «Se tenía que haber instalado de forma más matizada y con mayor formación por parte de la plantilla», dijo.
Además, desde el PSOE, que recordaron que la sentencia del TSJ está recurrida al Supremo, desearon que las «ilusiones» de los ciudadanos por que se les devuelva en concreto un 1,3% del IBI de 2013 se vean cumplidas. Se muestran en contra del criterio del equipo de Gobierno de que, en caso de confirmarse la sentencia, sólo se devolverá a quienes recurrieron el recibo en aquel año 2013.