Burgos orienta al Estatuto de la Víctima en Justicia Restaurativa

Una vez aprobado el Estatuto de la Víctima el pasado 16 de abril, su entrada en vigor se producirá en el mes de noviembre. Buenas noticias para la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de Burgos, desde la que se ha asesorado al Ministerio de Justicia en la materia, y es que el servicio de Justicia Restaurativa «ya no depende únicamente de la buena voluntad de los fiscales», sino que «tiene un apoyo legal», tal y como explica la presidenta de la Sociedad, Virginia Domingo.Este apoyo legal implica que «la víctima tiene derecho a ser informada de los servicios de Justicia Restaurativa», comenta Domingo, «ya que se trata de un servicio abierto al público y gratuito para las víctimas y con un dedicación estable, como hasta hoy».A partir de ahora, las oficinas de Atención a las Víctimas de los Juzgados colaborarán con los servicios de Justicia Restaurativa porque «son dos herramientas complementarias» aunque «la propia oficina se centre en la víctima» y los servicios de Restaurativa «en facilitar encuentros entre las partes aunque la víctima nunca deje de ser el enfoque principal».Un órgano másQue la Justicia Restaurativa «forme parte de los Juzgados es fundamental». Especialmente «después de que se haya desarrollado un convenio entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades con competencias en Justicia- no es el caso de Castilla y León- para promocionar la mediación». El problema es que «se promociona la mediación contenida en la Ley de 2012 que, únicamente aborda la Civil y la Mercantil y excluye la Social, la Laboral, la Penal y la de Consumo», añade. En este sentido, la mediación penal- ámbito en el que interviene la Justicia Restaurativa- «va por otro lado». Se regulará a través del Estatuto de la Víctima y de «un reglamento que habrá que desarrollar».Domingo no cree que las próximas elecciones generales puedan provocar un ‘frenazo’ en la implementación del Estatuto y en el desarrollo del reglamento ya que «se basa en una directiva europea obligatoria» y «si en noviembre de 2015 no está implantada cualquier víctima podría denunciar a Europa que España no la cumple», explica.Mayor apoyoLas necesidades básicas para desarrollar un servicio de justicia Restaurativa en Burgos, «no serían muchas». Domingo asegura que «se necesitaría un sala en los Juzgados- ahora se comparte con la Fiscalía- y en cuanto a personal, dos personas con dedicación exclusiva y, tal vez, una más a tiempo parcial y es que, por el momento manejamos algo más de una veintena de asuntos».A este tenor, echa en falta un «mayor apoyo de las administraciones» y critica que «se apoye la Mediación Social- especialmente dirigida a asuntos menores del ámbito laboral como las vacaciones- cuando ya existe el Serla, que es gratuito, por lo que estaríamos hablando de duplicidad de servicios, y cuando ni existe una ley que ampare esa mediación y, además, es excluida por la ley de 2012». Mientras, «se excluye a las víctimas que ya tienen un apoyo legal con el Estatuto».En este sentido, Domingo exige «igualdad para las víctimas sean de la comunidad que sean» por lo que aboga por «una unificación de las competencias jurídicas en manos del Ministerio y no, tal y como se gestiona ahora, con algunas comunidades con competencias y otras no».

el reglamentoLa confección del reglamento camina «a paso firme». Desde la Sociedad «hemos recomendado al Ministerio que incluyan una definición de Justicia Restaurativa lo más amplia posible, que sume a víctima, infractor y a la comunidad».En él «deberá aparecer también un mínimo proceso de actuación que permita tanto a víctimas como a infractores acogerse a este tipo de justicia, siempre y cuando dé el visto bueno el juzgado y el Ministerio Fiscal». Además, «hemos pedido que no se trate de un servicio rígido, por ejemplo, en cuanto a los tiempos para solicitar una mediación, cada víctima tiene sus plazos».Uno de los puntos claves «debe ser que no se limite a delitos menos graves» pero «eso lo vemos más complicado porque se sigue considerando a España un país punitivo». Por este motivo, desde la Sociedad creen que «lo más conveniente sería tener en cuenta cada caso y no el delito en si».Un congreso con presencia internacionalLa asociación de mediación penal Amepax celebrará en 2016 un nuevo congreso sobre Justicia Restaurativa. Será los días 17 y 18 de marzo. Entre los asistentes «contaremos con el delegados de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa en México» y «trataremos de traer a un representantes de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia» por su «experiencia en mediación juvenil en Latinoamérica», explica Virginia Domingo, fundadora de la asociación.Además, esperamos que acudan «miembros de Tierra de Hombres, una organización dedicada a la infancia», así como «una jueza de Costa Rica». Por otra parte, «queremos que se acerquen estudiantes de Criminología, que despuntan en el área y que son expertos en víctimas» «Este año nuestra meta es hacer un congreso más internacional que nunca», explica.El tema central del congreso pasaría por «centrarse en cómo se puede ayudar al infractor que también sirve para ayudar a la víctima» ya que, el último «se centró en la propia víctima», explica Domingo.Además, el congreso contaría con alguna novedad en cuanto a «la práctica». En este sentido, Domingo baraja «la realización de talleres sobre conferencias restaurativas, una variedad de mediación penal que incluye a la víctima, al infractor y a los familiares de unos y de otros».Asegura que «se trata de algo novedoso en España que no se ha desarrollado nunca» y que «resultará especialmente beneficiosos para los más jóvenes» ya que «cuando cometen un delito, se les señala como delincuentes, lo que les hace cerrarse y no querer reconocer sus errores». Con las conferencias restaurativas «cuentan con el apoyo de su familia, lo que les hace más fácil querer cambiar y reparar el daño realizado».