«Los impagos generan irritación y complican la toma de decisiones»

Preside el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas desde 2012 pero antes se forjó como voz del sector regional en la delegación de Castilla y León, de la que fue el rostro visible desde 2005. Así, Salvador Díez Lloris tiene una dilatada experiencia en representar a los profesionales que se dedican a esta actividad, 16.000 en todo el país y 600 en la Comunidad. Visitaba Burgos para impartir una de las pocas clases presenciales del título propio de la UBU en Estudios Inmobiliarios que se cursa de forma on line desde 2004 y que habilita para ejercer como administrador de fincas, ramo en el que la colegiación es obligatoria.

Pregunta.- ¿Cómo ha afectado la crisis a un sector tan ligado al mercado inmobiliario, especialmente azotado por la recesión?

Respuesta.- Nuestra particularidad es que vivimos un periodo en el que las normas cada vez son más exigentes con los propietarios a la vez que estos están menos dispuestos a hacer desembolsos que las inspecciones les reclaman, fundamentalmente porque no tienen recursos. Esta contradicción ha marcado la actividad en los últimos años.

P.- Y habrá creado tensiones con sus clientes...

R.- Claro, porque al final nosotros estamos entre la espada y la pared. Es nuestro deber informar a los propietarios de las inspecciones que tienen que realizar. Estas en sí no cuestan mucho pero siempre indican alguna mejora que sí supone gasto. Y claro, las reuniones de vecinos, que son la parte más visible de la actividad y también un foro muy democrático pues permite pedir las explicaciones que en otros ámbitos no se reclaman, son un poco más conflictivas.

P.- Y la morosidad al alza lo agrava...

R.- Lo habitual es que los vecinos entiendan que hay quien no puede pagar por estar en paro pero si es un banco el que debe el enfado es enorme, lógicamente.

P.- ¿Esta situación aumenta la exigencia a los administradores?

R.- Sin lugar a dudas y más aún hoy en día al imperar una cultura ‘low cost’. Esta idea no afecta solo a nuestras retribuciones, si no también al presupuesto que se destina a la limpieza o al mantenimiento técnico. Ha habido que ajustar los precios al máximo y ya se ha alcanzado un límite en el que poco más se puede hacer.

P.- ¿Ha habido abandonos en el sector? ¿Hay compañeros que hayan tirado la toalla por esta situación?

R.- No porque tenemos una ventaja y es que la actividad continua. En este sentido somos casi privilegiados porque para otros sectores somos su único reducto de trabajo. Lo que sí ha ocurrido es un ajuste de las carteras de clientes.

P.- De vuelta a la morosidad, ¿cómo valoran los profesionales la realidad que dibuja el informe elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas?

R.- El informe busca difundir dos aspectos básicos de la morosidad. Por un lado es un lastre económico que condiciona el presupuesto de una comunidad, no tanto de las ya asentadas que llevan años funcionando como de las recientes, en las que quedan muchos pisos por vender, en manos de constructoras o bancos que no pagan sus cuotas. En estos casos deben prescindir de servicios porque no pueden pagar entre 20 lo que corresponde a 80 vecinos. Por otra parte la morosidad afecta a la toma de decisiones en común porque genera una gran irritación que lo complica todo.

P.- En cuanto a las normativas de mantenimiento de edificios, ¿son necesarias?

R.- Si pero también las ayudas para llevar a cabo las actuaciones que exigen las inspecciones. Y, la verdad, hasta la fecha estas subvenciones han sido poco útiles por diversas razones como plazos mínimos para solicitarlas o un exceso de requisitos que reduce mucho las posibilidades de acceder a ellas. Al final nos ponen a nosotros a los pies de los caballos, porque somos los que tenemos que dar explicaciones a los vecinos. Deberían dar una vuelta de tuerca al asunto y mejorar estos sistemas.

P.- ¿Hay financiación bancaria para hacer frente a estos gastos?

R.- Es necesaria y hasta ahora poco frecuente. Las comunidades de vecinos carecen de personalidad jurídica propia y eso ha hecho que muchos bancos se echen para atrás. Sin embargo la crisis ha demostrado que las comunidades son buenas pagadoras lo que ha hecho reaccionar a algunas entidades. También ahí vemos cambios.