El Sacyl elude pronunciarse sobre las sedaciones a la espera del juzgado
Recuerda que la Gerencia de Sanidad lo remitió a la Fiscalía de Burgos y «no valorará» el procedimiento judicial abierto
El Hospital Universitario de Burgos donde presuntamente ocurrieron las sedaciones irregulares.-SANTI OTERO
BURGOS
La Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León confirmó ayer a este periódico que el Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos ha recibido el caso de las 21 sedaciones terminales que presuntamente practicó el que entonces era jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Juan Antonio Huidobro, en el último trimestre de 2014 y de las que al menos 19 «no se ajustaban a protocolo».
Fuentes de la Gerencia de Salud del Área de Burgos rechazan valorar este nuevo paso de la Fiscalía de Burgos. «En su momento ya se realizó la inspección y se remitió a la Fiscalía. Ahora es un procedimiento judicial que se está llevando a cabo y del que no vamos a entrar a valorar». Será el Juzgado quien valore su existe un delito en el procedimiento que el doctor Huidobro siguió con la sedación de los pacientes en el último trimestre de 2014.
Los hechos se remontan al mes de abril, cuando la Gerencia de Salud elevara a la Fiscalía de Burgos la denuncia, después de una inspección interna del Hospital examinara todos los fallecimientos que se produjeron en Medicina Interna en ese periodo.
La investigación se inicia a raíz de la consulta de un facultativo compañero de Huidobro, sobre la sedación terminal aplicada a un paciente y ante la queja de la familia para que se le retire la medicación administrada. El caso llega al Comité de Bioética y a la gerencia del HUBU que pide un informe interno.
Es entonces cuando se analizan 21 casos de sedación a pacientes practicadas por el doctor Juan Antonio Huidobro, de los que, en 19 detectan que no se ajustan al protocolo.
En su momento, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, reconoció que las sedaciones presuntamente aplicadas por el doctor Huidobro tenía un «factor muy serio» como la inexistencia del consentimiento escrito de los pacientes «que exige el protocolo».
En el análisis de los casos descubrieron al menos otros 18 casos más en los que la actuación «tampoco se ajustó al protocolo».
El caso se derivó a la Fiscalía de Burgos por si hubiera indicios de delito como finalmente ha concluido el Ministerio Público dando traslado del procedimiento al Juzgado de Instrucción nº3 de Burgos para que continúe con la investigación de estos 19 casos de sedación terminal que presuntamente «no se ajustan al protocolo».