La estabilidad presupuestaria falla en casi uno de cada diez municipios

Burgos es el territorio español que se divide en más municipios, con un total de 371 municipios, que engloban a un total de 1.214 entidades población. Con tantos pueblos dentro de nuestras fronteras es fácil imaginar que algunos puedan incurrir  en déficit en sus cuentas anuales, pero la realidad supera cualquier pronóstico, ya que casi uno de cada diez (8,9%) ayuntamientos burgaleses cerró el ejercicio de 2014 en números rojos. En total, 33 municipios, cuatro mancomunidades y 69 entidades locales menores incumplieron el año pasado el objetivo de estabilidad de déficit cero marcado por el Ministerio de Hacienda. A mayores, otras 99 poblaciones ni siquiera presentaron sus cuentas ante el departamento de Cristóbal Montoro.

En ambos casos, los que incumplen y los que ignoran su obligación de dar cuentas, la provincia está a la cabeza de la inestabilidad presupuestaria en la Comunidad. Según los datos facilitados por el Ministerio la desviación presupuestaria de los 33 municipios se refleja en un déficit global que suma 6,33 millones de euros. Si a esa cifra se le agrega la deuda de las pedanías y mancomunidades el total alcanza los 7,12 millones de euros.

153 euros por cabeza

Aranda de Duero tiene el ayuntamiento que presenta una cifra más elevada en números rojos. Son más de 4,26 millones de euros, lo que significa que a cada uno de los 33.065 vecinos censados en la capital del Duero les corresponde una deuda de 128 euros, la mitad que en el Valle de Santibáñez, por ejemplo, donde los más de 139.00 euros de números rojos suponen un déficit per cápita de 272 euros. En Pineda de la Sierra tocan a 327 euros; a 458 en Villayerno Morquillas; a 468 en Los Balbases donde la deuda supera los 152.000 euros; o a 168E en Merindad de Río Ubierna, el municipio con mayor inestabilidad presupuestaria después de Aranda gracias a sus números rojos de -238.374,32 euros.

Los casos más graves de endeudamiento se dan en Hurones donde salen a 1.211 euros por vecino, mientras que esa deuda llega a 1.109 euros por cabeza en Peral de Arlanza y a 1.076 euros en Zuñeda.

Como promedio, el endeudamiento por habitante en estos 33 municipios pasa de 153 euros.

En el conjunto de España, 973 ayuntamientos cerraron el año pasado un presupuesto insostenible según los criterios fijados por Hacienda, 145 de ellos de Castilla y León.

El mayor número de municipios que no cumple está registrado en Burgos, 33; seguida por Salamanca, 19; Palencia, 18; Ávila, 17; Zamora, 15; León, 14; Soria, 13; y Segovia y Valladolid, ocho en ambos casos, informa Ical.

En el conjunto de la Comunidad, fueron 395 los ayuntamientos que no enviaron firmada su liquidación presupuestaria al Ministerio de Hacienda. También aquí Burgos encabeza la tabla, con 99; seguida por Segovia, con 71; Zamora, con 39; Ávila, con 36; Palencia, con 34; Salamanca, con 32; Soria, con 29; León, con 28; y Valladolid, con los citados 27.

Los que no cumplieron con el equilibrio presupuestario deberán presentar un Plan Económico y Financiero para corregir su situación. En el caso de Castilla y León, las entidades locales tienen que remitir este plan a la administración autonómica, quien a continuación lo elevará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este documento puede consistir en la simple constatación del incumplimiento y su subsanación en el propio ejercicio. O bien, en medidas tendentes a incrementar ingresos o disminuir gastos, implicando la asunción de importantes reformas estructurales.

Las principales causas de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria son, en primer lugar, la regla de equilibrio, que señala que las entidades locales, en términos de contabilidad nacional, deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. En segundo lugar está la regla del gasto, que indica que la variación del gasto computable consolidado de la corporación local no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, que quedará fijado anualmente por acuerdo del Gobierno de España y ratificado por el Congreso de los Diputados. En tercer lugar, está la regla de la sostenibilidad financiera, que indica que la entidad local que supere el límite de deuda a largo plazo señalado por la legislación vigente en cada momento, en la actualidad el 110% de los ingresos corrientes liquidados, no podrá concertar nuevas operaciones de préstamo. Asimismo, si el periodo medio de pago de una entidad local supera el plazo máximo previsto en la normativa, deberá hacer un plan de tesorería.