El alquiler en el parque municipal de pisos sociales valdrá de media 160 euros

Un paso más, aunque no el último, porque aún queda camino. El parque municipal de viviendas está mucho más cerca de ser una realidad tras aprobarse ayer en la Gerencia de Servicios Sociales el reglamento que articulará la «buena adjudicación» de estas casas de alquiler social cuyo precio será, de media, de 160 euros. Así lo anunciaba la edil responsable del área, Ana Lopidana, satisfecha por el consenso logrado para impulsar una iniciativa que, recordó, surge a petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Aunque este documento aún debe recibir el visto bueno del Pleno y acompañarse de unas bases que determinen los requisitos específicos para acceder a las viviendas, en las que ya trabajan los técnicos, se avanzaba ayer el precio de las primeras en cartera, ocho propiedades de CaixaBank a las que se sumarán dos municipales, para empezar.

Las rentas estimadas -que, tal y como marca el reglamento, en ningún caso pueden superar el 1,5% del valor catastral- oscilan entre los 120 y los 200 euros.

El inquilino abonará cada mes una parte de este precio total y el resto correrá a cargo del Ayuntamiento, que efectuará un abono al titular cada seis meses. La proporción se dirimirá en función de los parámetros que establezcan las bases «según la renta que perciba el beneficiario o los integrantes de la unidad familiar, por ejemplo», explicaba ayer Lopidana.

Junto a la concejal de Servicios Sociales (departamento que en un principio gestionará este parque de viviendas -su adjudicación, cobro, mantenimiento...- hasta que se cree un órgano específico para tal fin), comparecieron ante los medios de comunicación los representantes del PSOE, Daniel de la Rosa; Imagina Burgos, Eva de Ara; Ciudadanos, Gloria Bañeres; y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate. Todos se congratularon por la inminente materialización de un recurso que coincidieron en calificar de necesario.

De la Rosa detalló que este recurso «está destinado a personas en riesgo de exclusión social que a consecuencia de la crisis necesiten un alojamiento temporal». Subrayó en este sentido el carácter transitorio de este alquiler «hasta que se normalice la situación» de la persona que lo precisa. «Es importante que se entienda que es para casos extremos y que se priorizarán aquellos en los que haya una pérdida de vivienda», añadió.

Al igual que el portavoz socialista en el Ayuntamiento, De Ara y Bañeres coincidieron en destacar que «aquí no acaba todo» pues, según la representante de Ciudadanos, «no debe ser la única medida para garantizar la dignidad de las personas en riesgo de exclusión».

Sobre la mesa quedan para próximas conversaciones la posibilidad de incluir en el parque de viviendas algunos inmuebles de titularidad pública de momento no contemplados en el listado. En este sentido el PSOE propone sumar los pisos que el Consorcio para el Desvío posee en la zona de Cellophane y que aún no ha logrado vender, así como una parte de las casas que se pongan en valor en San Cristóbal una vez culmine la rehabilitación del barrio. «Hay que estudiarlo», indicó Lopidana. Al respecto Bañeres recordó que otra posibilidad a analizar sería que el Ayuntamiento alquile viviendas para subarrendarlas.

Lo cierto, según la PAH, promotora de la iniciativa, es que, vengan de donde vengan, serán necesarias más viviendas pues las diez iniciales cubrirán una mínima parte de la demanda. Su portavoz, Rodrigo del Pozo, destacó que el nuevo paso dado corrobora que «sí se puede», algo que «muchos nos negaron hace tres años cuando empezamos a solicitar estos recursos».

Consideró que se trata de una «medida paliativa» que es «imprescindible hasta que logremos que el derecho a la vivienda sea para todos». Explicó que, tal y como recoge el reglamento, los bancos que aporten sus casas tendrán que demostrar un comportamiento ético en este ámbito. «No nos sirve que colaboren con la iniciativa si siguen desahuciando», precisó.

Además, afirmaba que la PAH mantendrá su ‘política’ de presionar para provocar cambios y destacó que, de hecho, estará presente en la comisión de seguimiento del parque municipal de viviendas de alquiler social para «vigilar» que este cumple con sus objetivos «y que se refuerzan las medidas ya adoptadas».

Aunque la concejal de Servicios Sociales se resistió a augurar cuándo se ocuparán las primeras viviendas «pues no hay un plazo máximo para la elaboración de las bases», De la Rosa se atrevió a vaticinar que antes de que finalice el año este recurso podría estar en funcionamiento. Cuando ocurra, el nuevo reto será aumentar las casas disponibles para cubrir todas las necesidades que surjan. «Estamos abiertos a aportaciones de todo tipo, de particulares, de bancos y de administraciones públicas», apostilló el portavoz socialista.