La PAH exige incluir el derecho a la vivienda en la campaña electoral
Los responsables de este colectivo en Burgos registraban ayer un escrito en el Ayuntamiento con medidas prioritarias / Dan un mes de plazo a los partidos para que «se posicionen»
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca reclama a los partidos políticos que incluyan medidas para la protección del derecho a la vivienda en sus programas electorales. De hecho, la agrupación burgalesa registraba ayer un documento dirigido al Pleno en el que instaba a los distintos grupos municipales a apoyar la creación de una ley reguladora con una serie de actuaciones prioritarias. Sus representantes deberán pronunciarse «en un mes» sobre la moción.
En concreto, el texto que leyó a los medios de comunicación José Lozano, miembro de la PAH en Burgos, antes de depositarlo en el Ayuntamiento, señala cinco ámbitos en los que es preciso actuar «con urgencia» ante la situación creciente de «vulnerabilidad habitacional» y el aumento de las familias que debido a la crisis deben afrontar situaciones de «precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial».
Así, la PAH propone generalizar medidas de segunda oportunidad. En concreto, insta a los políticos a promover la dación en pago retroactiva y la condonación de la deuda, la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por la UniónEuropea, la prohibición de embargar la primera y única vivienda de titulares o de los avaladores, y la eliminación de los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios.
En cuanto al alquiler, Lozano precisó que las administraciones deben regular los arrendamientos «en favor de la parte más débil de los contratos: los inquilinos». La PAH sugiere en este sentido que se introduzcan mecanismos de seguridad y se alargue el plazo mínimo de duración de los alquileres hasta los cinco años, «con prórrogas automáticas si el arrendatario pertenece a un colectivo especialmente vulnerable».
En lo relativo a la vivienda garantizada, el capítulo más extenso, el colectivo reclama la provisión de un alquiler social para «personas deudoras de buena fe» que no dispongan de alternativa tras ceder su única vivienda. Además reclaman ayudas para asumir el pago de esta renta a familias en situación de vulnerabilidad. «En ningún caso se podrá realizar el desalojo de personas en estos casos sin que la administración garantice un realojo y deberá producirse en la zona donde estas familias tengan sus redes vitales y sociales», añadía Lozano.
El texto, idéntico en todas las ciudades con presencia de la PAH, incluye también la necesidad de crear un parque público de vivienda. «En Burgos ya se han dado los primeros pasos», reconocía el portavoz de la agrupación local.
Las reivindicaciones se extienden también a los suministros básicos: «Se impedirán los cortes de agua, luz y gas de las familias en situación de vulnerabilidad. Su pago se hará de acuerdo con la capacidad adquisitiva de estas. Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada serán asumidos por las empresas suministradoras».
El quinto y último punto del documento insta a las formaciones políticas a crear un observatorio de la vivienda. Este órgano «estará compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil y será el encargado de analizar la situación de la vivienda en España», explicó Lozano. Entre las funciones del observatorio estarían la creación de censos de viviendas o el seguimiento de las políticas públicas en este ámbito.