La formación jurídica, necesaria «para no dar ventaja al malo»

Burgos

«Libertad y seguridad es un binomio inseparable en una sociedad democrática avanzada y en una democracia de calidad». Así abrió su intervención el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien aseveró que la seguridad «debe desarrollarse en un marco de libertad y en un ejercicio de derechos y libertades y protegidos por la normativa».

Una seguridad que debe sustentarse en tres pilares fundamentales: una normativa avanzada que dé respuesta administrativa y jurídica a esos derechos y libertades; un poder judicial que pueda aplicar esa normativa «con seguridad y garantía» a los «desafíos» actuales. Y como tercer basamento, unas Fuerzas de Seguridad del Estado que actúen en prevención. Unos cuerpos que son los que están en «la primera línea» en la lucha contra el crimen, por lo que es necesario el «perfecto conocimiento de la ley» para que puedan actuar en la calle y que un desconocimiento de la normativa «no dé ventaja al malo».

Un conocimiento jurídico que es una «obligación», pero también una herramienta que el Estado debe ofrecer a estos cuerpos policiales que previenen y persiguen la delincuencia. Con este objetivo se desarrollan las jornadas de formación jurídica destinadas a los miembros de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y Locales (Policía Nacional, Local y Guardia Civil) organizadas conjuntamente por el Ministerio de Interior y la Junta de Castilla y León que ayer comenzaron en Burgos.

En la misma línea se manifestó previamente la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, quien aseguró que «el correcto conocimiento y aplicación de la normativa penal» por parte de las Fuerzas del Orden «garantiza la seguridad ciudadana» y permite reducir la tasa de criminalidad».

Salgueiro recordó las reformas introducidas en «una intensa legislatura» con el fin último de garantizar el Estado de Bienestar y la seguridad ciudadana». Consideró que el conocimiento y la «destreza» a la hora de aplicarlo permitirá a los «7.000 guardias civiles, 3.000 policías nacionales y 2.500 locales, que velan por nuestra seguridad en la región», faciliten mantener los «buenos índices de seguridad» de la Comunidad.

En este sentido, Salgueiro recordó que esos índices se encuentran «entre los mejores de Europa y España» y la Comunidad tiene una tasa de criminalidad de 30,3 delitos por cada 1.000 habitantes «14 puntos por debajo de la media nacional situada en 44,3 delitos».

Sin embargo, recordó que no se puede «caer en la autocomplacencia» ya que la meta es «erradicar hasta la última falta o delito que se cometa en Castilla y León».

De este modo, a lo largo de dos días se desarrollarán seis ponencias en la residencia Gil de Siloé de la Junta, en las que se analizarán los aspectos más destacados de las modificaciones introducidas en el Código Penal y de la Ley del Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Seguridad Ciudadana y el Estatuto de las Víctimas.

Unas charlas que contarán con ponentes como el fiscal jefe provincial de Burgos, Santiago Mena; el presidente de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de León, Luis Adolfo Mallo; y otros jueces y fiscales de Castilla y León quienes, a la postre, serán los encargados de analizar los primeros autos y expedientes que realicen los policías y guardias civiles que están en la calle, «y quiénes mejor que ellos para que les expliquen las normativas», concluyó Suárez Quiñones.

Las charlas se repetirán en noviembre en Salamanca (días 3 y 4), Valladolid (10 y 11), y León (17 y 18), y posteriormente en el resto de las provincias de la Comunidad .