La Justicia Restaurativa logra oficializarse gracias al estatuto

El Estatuto de la Víctima nace con el objetivo de conformar una serie de medidas para apoyar a la víctimas antes, durante y después de un proceso judicial. Como novedad y de forma pionera en España se habla de servicios de Justicia Restaurativa. «Está muy bien recogido porque no se contempla sólo como mediación sino como una forma de proporcionar a la víctima una reparación integral», explica Virginia Domingo, presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de Burgos. En este sentido, se mostró positiva en cuanto al anuncio del presidente del tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre la creación de Oficina de la Víctima, en la pasada apertura del año judicial, el pasado 17 de octubre.

Se trata de un proyecto ambicioso y pionero a nivel nacional, y que implica «dar práctica al nuevo estatuto». En este sentido, Domingo demanda «un apoyo certero por parte de la Junta de Castilla yLeón, ya no tienen excusa, hay una ley que ampara la Justicia Restaurativa y, además, sería beneficioso políticamente porque la víctima es la gran olvidada». Para Domingo, «la futura oficina debe servir para institucionalizar la Justicia Restaurativa e incluirla como un servicio más, siempre siendo de carácter público y gratuito, a una víctima no se la puede cobrar, por eso debe contar con una partida presupuestaria, se trata de dar oficialidad y apoyo a diez años de trabajo».

Lo mismo opina la jueza decana, Blanca Subiñas. «Debe estar sujeta a los principios de oficialidad y publicidad, debe de ser proporcionada por la administración, con cargo a la Administración» y «sobre todo, que se base en el servicio de gratuidad, porque sería incoherente decirle a una víctima que, además de ser víctima de un delito, pague por someterse a un proceso de justicia Restaurativa porque no lo haría nadie».

El presupuesto necesario para desarrollar la Justicia Restaurativa «sería mínimo y supondría muchos beneficios porque teniendo una víctima satisfecha ya hemos ganado», asevera, «esta oficina supondría una buenísima oportunidad para poder extender el trabajo que hacemos desde la asociación».

Domingo asegura que «hasta el momento no nos llegan todos los casos que podríamos atender, de este modo, dando oficialidad a la Justicia Restaurativa llegaríamos a más víctimas» y es que «con el estatuto se puede fomentar que la víctima acuda a la Justicia Restaurativa si lo desea, los jueces deberán informar sobre esa opción».

A este tenor, la jueza asegura que «la Justicia Restaurativa no tiene porque relegarse a los delitos más leves» sino que «puede incluirse como una herramienta de acompañamiento en un proceso penal porque su objetivo se encuentra en la reparación moral y emocional de la víctima». La entrada de la Justicia Restauraitva en ese proceso penal puede realizarse «a través de una atenuante de reparación del daño, es decir, no pone fin al proceso penal pero puede atenuar la pena».

La presidenta de Amepax recuerda que «el Estatuto de la Víctima supone un apoyo importantísimo ya hayan denunciado o no lo hayan hecho y, además, también tiene en cuenta a las víctimas indirectas como pueden ser familiares de fallecidos».

«Desde la Amepax han desarrollado este derecho de forma altruista pero, en el momento en el que el Estatuto reconoce la Justicia Restaurativa como un derecho está claro que debe contar con una dotación presupuestaria», concluye Subiñas.