Un juez pide la detención de los asesinos de 8 jesuitas en 1989

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acordó reiterar a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención y entrega de 17 militares del país centroamericano, presuntamente implicados en la matanza de ocho jesuitas en noviembre de 1989, entre los que se encontraban los vallisoletanos Ignacio Martín Baró y Segundo Montes y el burgalés Amando López, ocurrida en la Universidad Centroamericana (UCA).

La Audiencia cumple así con el reconocimiento efectuado en mayo del pasado año por el Tribunal Supremo para que la jurisdicción de los tribunales españoles sigan adelante con la investigación de este asesinato. Además de los tres castellanos y leoneses, perecieron el vasco Ignacio Ellacuría, el navarro Juan Ramón Moreno y tres salvadoreños a manos del ejército centroamericano. En aquel auto, el Supremo señaló que existen «indicios serios y razonables de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo efectivo de sus responsables sino que, por el contrario, pudo tratar de sustraerlos a la acción de la justicia».

Por ello, ayer se conoció el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 por el que se acuerda esta medida ante el «giro jurisdiccional observado» en este caso y «con el compromiso de formalizar las demandas extradicionales en caso de que haya detenciones».

El juez explicó el recorrido de este procedimiento y recordó que en agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de la orden internacional de detención cursada en mayo de ese año (difusión con código rojo de Interpol) a la búsqueda y localización de los procesados, no así a su captura, por lo que se denegó su entrega a España.

Cuatro años más tarde, el pasado mes de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador reconoció, dice el auto, el carácter «que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley». Tras esa resolución, el 16 de diciembre pasado la Asociación pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia solicitaron al juez la reiteración de las órdenes de detención y entrega, excepto para dos de los militares procesados, de lo cual se dio traslado a la Fiscalía, que emitió informe interesando el mantenimiento de las órdenes internacionales vigentes.

Posteriormente, continúa el auto, se recibió el 30 de diciembre el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en el que se manifiesta su disconformidad con la resolución inicial denegatoria de la Corte Suprema de Justicia, recomendando su modificación en el sentido de permitir la captura de las personas perseguidas por la ley.

Todo ello a la vista de lo expuesto por el Ministerio Fiscal y en virtud del informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como del escrito de las acusaciones en el que se adjunta la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, «en los que se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de la existencia de guerra internacional y, por tanto, como una violación de las normas internacionales imperativas, estando el Estado en cuyo territorio sucedieron los hechos obligado a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden de detención con fines de extradición emitida por el Estado español».