El PSOE confirma «anomalías» en 51 expedientes de parques eólicos

Los dos procuradores del PSOE que integran la Comisión de Investigación de la trama eólica en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo y José Francisco Martín, iniciaron ayer en Burgos la búsqueda, delegación provincial por delegación provincial, de los expedientes «anómalos» de concesión de parques eólicos en la región. En concreto de los 290 parques autorizados en Castilla y León 182 están bajo sospecha y en Burgos existen 51. En ellos se observa que, promovidos por grandes eléctricas «sufren una enorme ralentización de 1.700 a 2.000 días y que curiosamente, cuando se produce el cambio de titularidad en favor de empresas locales, se resolvían en dos, tres y nueve días», resumió el procurador del PSOE, Javier Izquierdo.

La comisión de investigación, que se reunirá mañana, va a «ritmo de tortuga» para Javier Izquierdo y por ello han iniciado la búsqueda de los procesos administrativos. «El PP nos obliga a este periplo porque hemos solicitado los expedientes y no los escanean, sino que nos obliga a ir preguntando por ello cuando tendrán que entregarlos escaneados a la fiscalía que ya los ha requerido», señaló. La próxima semana desarrollarán las mismas pesquisas en Soria, León y Zamora. Y el resto después ya que «son las menos afectadas».

Por otro lado, también denuncian la lentitud de la comisión que «en tres meses no se ha sustanciado ninguna de las comparecencias solicitadas». Destacan que desde el PSOE se ha formulado la presencia de 50 personas pero «las demoras siguen y siguen».

En los expedientes de Burgos los dos procuradores han observado el traspaso de grandes eléctricas a tres empresas locales o regionales. En concreto «la que más se repite» es Energía Global Castellana formada por Biovent en un 60% y el 40% restante de Grupo San Cayetano, empresa familiar de Alberto Esgueva que fue director de Excal durante dos años y señalado por la Agencia Tributaria como perceptor de un pago de 47 millones de euros . A esta empresa se asocia el parque eólico La Bureba. Los de La Huesa y Valdesantos se transmiten a Peache Energías Renovables (60% Iberdrola y 40% Grupo Pascual) y otros dos como La Cantiruela y Las Pardas que «con declaración medioambiental favorable y tres años de espera de autorización, la recibe en dos días tras convertirse en titular Productor Regional de Energía (Endesa e Inverduero del grupo Collosa)», señala Izquierdo.

El objetivo del grupo socialista presente en la comisión de investigación de la trama eólica es «saber si a posteriori se ha vuelto a dar una transmisión de la constructora pertinente a la eléctrica que inició la tramitación y, a través de la Agencia Tributaria, conocer si hubo algún tráfico económico». De ahí que para Izquierdo el asunto requiere «una actuación judicial y política porque hay una trama de cobro de comisiones de 110 millones que investiga la fiscalía anticorrupción pero en las Cortes habrá que analizar las responsabilidades políticas».

En dirimir esa responsabilidad política está la base del proceso para el PSOE. En principio la concesión de parques eólicos compete a los jefes de servicio territoriales pero «a través de una instrucción se aboca competencias a la viceconsejería de Economía que es la que a partir de 2004 otorga las autorizaciones». Momento en el que entra la figura del viceconsejero y mano derecha de Tomás Villanueva, Rafael Delgado, en cuyo mandato «lo que debía ser algo excepcional, la avocación pasa a ser la norma general».

Sanidad

Por otro lado, la procuradora socialista Virginia Jiménez acusa a la Junta de Castilla y León de acudir a la sanidad privada para enmascarar la «abultada» lista de espera quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos, (HUBU), que, según la Consejería de Sanidad, se redujo en un 14,2% en 2015. Cifras que «hubieran sido imposible de no haber derivado cerca de un millar de intervenciones a Recoletas», apuntó. Una circunstancia, «impropia del que la Junta dice que es el mejor complejo hospitalario de toda la Comunidad Autónoma», señala. La procuradora socialista considera «inconcebible» que el complejo asistencial burgalés sea incapaz de asumir la demanda ciudadana pese a los «continuos elogios» de los responsables públicos del PP y confía en que la comisión de investigación que, a instancias del PSOE, se abrió en las Cortes de Castilla y León acerca de su sobrecoste sirva para esclarecer, entre otras cosas, esta circunstancia.