El Correo de Burgos

VIVIENDA

125 euros separan la apuesta entre arrendador y arrendatario

Los inquilinos se estacan en 350 euros desde 2013, un 11% menos que la oferta

Burgos

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Quienes son expulsados del mercado de la compraventa, pero necesitan cubrir sus necesidades habitacionales, acuden al alquiler. Pero este ámbito del mercado inmobiliario también está desajustado porque la situación ha cambiado drásticamente con la crisis del sector de la vivienda.

Los inquilinos burgaleses hace tiempo que se han instalado en la demanda de inmuebles en alquiler por un máximo de 350 euros al mes. En concreto desde el año 2013 no se ha movido su as de la manga. Quien ha tenido que ir reduciendo sus exigencias son los propietarios que apuestan por alquilar el inmueble. Las cifras varían mucho entre provincia y capital. En concreto alquilar un inmueble en la ciudad de Burgos tiene un mismo valor por parte del inquilino que en la provincia, 350 euros, pero supone una diferencia de hasta 125 euros al mes respecto a la oferta que realiza el propietario y que en 2015 se situó en 475 euros mensuales de media. Se trata de un 36%.

Si atendemos a los datos medios a nivel provincial cabe destacar que las exigencias de los arrendadores han ido menguando. En los últimos cinco años sus precios han caído un 30%. De esta manera se ha pasado de los 557 euros de 2011, cuando se encareció la oferta de alquiler en más de 70 euros fruto de ser un mercado más que apetecible para quien no alcanzaba un acuerdo de compra, a los 389 euros mensuales por los que se ofrecen viviendas en alquiler en la actualidad.

Durante estos últimos años las cifras entre oferta y demanda en el mercado del alquiler han variado mucho en parte por la necesidad de los propietarios de obtener rentabilidad de una inversión inmobiliaria. De esta manera el máximo poder del inquilino que buscaba inmuebles a través del portal inmobiliario Pisos.com llegó en 2014. En aquel ejercicio el arrendatario no se movía de los 350 euros, pero la gran oferta de inmuebles en alquiler obligaba a los propietarios a ajustar los precios al máximo hasta alcanzar un mínimo en el último lustro de 335 euros, 15 euros por debajo de lo que estaba dispuesto a pagar entonces el demandante de alquiler.

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