El Correo de Burgos

MUNICIPAL

Consenso sin efecto para la nueva sociedad

Los estatutos acordados entre PP, PSOE y Ciudadanos se quedaron sobre la mesa / Suma a las funciones de promoción de la ciudad y de gestión el aparcamiento del MEH y el impulso del aeropuerto

Un momento de la reunión del consejo de administración de Parkmusa, ayer, en Alcaldía.-ISRAEL L. MURILLO

Un momento de la reunión del consejo de administración de Parkmusa, ayer, en Alcaldía.-ISRAEL L. MURILLO

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N. E. BURGOS
Burgos

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Los grupos municipales PP, Ciudadanos y PSOE tienen ultimado el acuerdo sobre los estatutos de la nueva sociedad para la promoción de la ciudad. La intención pasa por que la empresa pública se haga cargo del fomento de la industria, el turismo, la cultura, acciones deportivas, que desarrolle las decisiones estratégicas que se tomen en el seno del Consejo Social y que se haga cargo de la promoción del aeropuerto, lo que traería consigo la disolución del consorcio de Villafría.

Ayer, antes de la reunión del consejo de administración de Parkmusa el alcalde, Javier Lacalle, y los portavoces de PSOE y C’s, Daniel de la Rosa y Gloria Bañeres, daban cuenta de sus posiciones que no son del todo coincidentes, sobre todo en relación con el personal que llevará el peso de las funciones. Pero, finalmente, los estatutos no fueron aprobados como se preveía inicialmente. Se han quedado sobre la mesa hasta el próximo 1 de junio ya que, por un lado, no han decido el nombre de la sociedad y, por otro, no está claro si el registro mercantil admitirá un objeto social tan amplio y variado como el que pretenden los grupos políticos coincidentes para esta empresa pública. Así, se manifiestan desde el grupo municipal Imagina Burgos, que no participó en la rueda de prensa conjunta. Su concejal Javier Gil no entiende que una sociedad pueda encargarse de cuestiones tan amplias como promocionar la cultura, la industria, el turismo y, a la vez, hacerse cargo de la gestión del aparcamiento del MEH, de Fórum y sumar, además, el aeropuerto de Villafría. Imagina Burgos se desmarcó al entender que el planteamiento y el objetivo de partida era sólo eliminar dos sociedades, como Proyecta Burgos y el Plan Estratégico, y el fruto de ahora es «una superestructura cajón de sastre» que va gestionar desde «el Devora Burgos a las políticas de emprendimiento, pasando por el aeropuerto».

Gil explica que otra de las dudas está en que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones indica que una sociedad pública tiene que generar un 50% de los recursos y el otro 50% vendría de las arcas del Ayuntamiento. «Lo que se ingrese del aparcamiento y del alquiler del Fórum no va a suponer el 50% y no se puede crear una empresa pública en la que todo el capital provenga del Ayuntamiento», precisa.

En cuanto a los estatutos, que se han quedado sobre la mesa hasta el próximo consejo de administración de Parkmusa, quedarían cuestiones por definir como el papel de la Diputación que ahora se hace cargo de la mitad del presupuesto del consorcio del aeropuerto, abocado a desaparecer. En este sentido, Lacalle aseguró que el compromiso económico de la Institución provincial se mantendría a través de un convenio con la nueva sociedad, de la que no formaría parte.

Por otro lado, con respecto a la contratación de personal el alcalde defiende el concurso público de las nuevas plazas (entre tres y cinco), mientras que los trabajadores actuales de Parkmusa (14 o 15), los que realizan el apoyo técnico al Fórum y los del aparcamiento, permanecerían en la misma sociedad. Con respecto a subrogar a los empleados de la Fundación Proyecta, de la oficina técnica del Plan Estratégico, así como a la persona que se ha hecho cargo de la oficina de congresos, desde la empresa Eventual, el grupo socialista es partidario de estudiar una subrogación, en palabras de Daniel de la Rosa, que solicita un informe del área de Personal. «Parece que hay dudas en algunos grupos políticos, pero nosotros creemos que la fórmula legal puede encajar», dijo. Mientras se deciden estas cuestiones, el alcalde propone conveniar, a través de un contrato menor de unos 20.000 euros, que la empresa Eventual vuelva a desarrollar durante 4 o 5 meses las funciones de la oficina de congresos.

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