Hostelería y alimentación cumplen y minimizan las intoxicaciones

La seguridad alimentaria ha calado en el día a día de los establecimientos del sector. Hostelería, comercios e industrias cumplen y en consecuencia las intoxicaciones se reducen al mínimo. Si bien el riesgo cero no existe, la realidad en la provincia se aproxima bastante con una media anual en la última década de cuatro brotes de los que, según el responsable de la sección de Higiene y Seguridad Alimentaria del Servicio Territorial de Sanidad, Antonio González, en torno al 70% son de carácter doméstico.La concienciación de los profesionales, implicados en los planes de autocontrol que impone la legislación, la mejora de los programas de prevención y el buen funcionamiento de los mecanismos de vigilancia están detrás de esta tendencia a la baja que demuestra la estadística. Entre 2001 y 2005 la media anual de brotes era de 14, llegando incluso a 20 a comienzos del presente siglo.

«Y los datos de la década de los noventa eran aún más elevados», precisa el responsable del Servicio Territorial de Sanidad, José Antonio Miranda, satisfecho de los resultados.Y no es cuestión de suerte. Lo consolidado de las cifras lo constata y también el descenso de los expedientes abiertos por irregularidades pese a la reducción de visitas. En concreto, en 2015 se abrían 124 actas, la cifra más baja desde 2001 y los inspectores se presentaban en 16.985 ocasiones, aglutinadas en 9.234 unidades de control.Cabe señalar en este sentido que, salvo un repunte en 2013, con 217 expedientes, desde 2007 el dato anual está por debajo de los dos centenares, incluso en la mayoría de los años de los 150. Entre 2001 y 2006, según se refleja en la estadística facilitada por Sanidad, estas cantidades se superaban ampliamente, llegando a registrarse 275 expedientes en 2003 y hasta 288 en 2006, cifra récord en los últimos quince años.Sanciones económicasAhora bien, la traducción de estos expedientes en multas varía. Y es que la gravedad de la infracción determina la cantidad de la sanción. De ahí que la suma anual no sea proporcional al número de actas abiertas. De hecho, el año pasado el montante total de las sanciones se elevaba a 104.607 euros, cantidad muy superior a la del ejercicio anterior cuando con 139 expedientes se impusieron multas por importe de 63.453 euros.González explica que estas sanciones están tipificadas en la ley de Seguridad Alimentaria aprobada en 2010. La gravedad de la infracción es proporcional al riesgo que pueda implicar para la salud del consumidor y «también se tiene en cuenta si quien incumple es reincidente». Así, no tiene el mismo castigo la suciedad o el desorden de unas instalaciones que hallar residuos o aditivos no permitidos en un alimento. «La mayoría son irregularidades leves, que conllevan una multa que oscila entre 300 a 3.000 euros. La media, no obstante, ronda los 400 euros. Las sanciones graves van de 3.000 a 30.000 euros», precisa Miranda.Desde 2004 una normativa europea -que en 2006 comenzó a ser de obligado cumplimiento- regula esta materia. Además, los estados y las comunidades autónomas tienen capacidad, aunque limitada, para tomar medidas propias. «La supervisión es continua. Los profesionales del Servicio Territorial de Sanidad se encargan del control de las empresas de la provincia pero también la Administración regional vigila esta labor y periódicamente se trasladan inspectores europeos para comprobar que efectivamente se cumple lo establecido», relata Antonio González.El censo de empresas alimentarias -negocios de restauración, de venta de alimentos e industrias de producción- en Burgos ascendía en 2015 a 6.444. La cifra -en constante aumento desde las 5.884 de 2001 hasta 2012, cuando llegó a 6.574- sufría leves altibajos en los últimos tres años a buen seguro vinculados con la crisis económica.