El Supremo avala la subida del IBI y se descarta la devolución

El Ayuntamiento no tendrá que devolver un euro de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cobrados en los años 2012 y 2013. El Tribunal Supremo ha dado la razón en el recurso de casación a los servicios jurídicos municipales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 33/2015 que declaró la nulidad de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 507, reguladora del impuesto de bienes inmuebles, en lo que a la subida de los tipos de gravamen para los bienes inmuebles urbanos.

El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, explicó ayer tras la Junta de Gobierno el fallo judicial y, especialmente, incidió que los recibos «se cobraron conforme a ley». Según añadió, «la subida del IPC estaba dentro de los márgenes que marca el artículo 72 de la normativa reguladora de las Haciendas Locales y, a su vez, se atendió al Real Decreto Ley 20/2011 porque nunca se superó el tipo impositivo máximo del 1,10 y en Burgos se quedó en el 0,486».

La sentencia desestima la demanda en su día presentada por las compañías Gonalpi, S.L., e Inmobiliaria Doble G, S.A. El Ayuntamiento acudió al Supremo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dio la razón a los demandantes. En aquel fallo se consideró que se infringió sin justificación el Real Decreto 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financieras, conocida como Ley Montoro, que marcaba explícitamente un 4 por ciento para las ciudades que hubiera aprobado su ponencia catastral de valores entre 2008 y 2011 (Burgos lo hizo en 2009, con efectos para 2010).

Finalmente, el Supremo ha estimado que el único límite que imponía el artículo 8 del RD 20/2011 a los ayuntamientos era el previsto en su apartado 3: «El tipo máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al establecido en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales». Entiende por tanto, «como es el caso del Ayuntamiento de Burgos, la aplicación de ese forzado aumento no conllevaba un resultado que rebasase los topes del repetido artículo 72, nada impedía a la Corporación acordar, de forma justificada, otros incrementos adicionales».

La sentencia añade que existía esa justificación de la subida e indica un informe del órgano de Gestión Tributaria y Tesorería donde se explica que la subida se lleva a cabo para adaptar los tipos al incremento del 5,3% experimentado por el IPC entre los meses de enero de 2010 y 2012.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo añade que «el artículo 8 del Real Decreto 20/2011 obligaba al Ayuntamiento de Burgos a incrementar los tipos de gravamen en un 4%, pero no le impedía acordar aumentos porcentuales superiores siempre y cuando el resultado final no rebasase los límites señalados en el artículo 72 TRLH».

Hasta aquí lo judicial, aunque existe otra interpretación más política de los acontecimientos que se vivieron hace un año cuando se conoció la sentencia del TSJ que anuló la subida del IBI. En primer lugar, el concejal de Hacienda lamentó que partidos políticos de la oposición, en el pasado mandato y en plena precampaña de las municipales, en referencia a PSOE y a Imagina Burgos, invitasen a los burgaleses a reclamar la devolución del IBI. Por un lado, los socialistas en aquella época cuantificaron la devolución de lo cobrado indebidamente, según el TSJ, en unos 5,4 millones de euros. Foronda aseguró que nunca se calculó formalmente una cantidad a devolver ya que desde el Consistorio se estaba convencido de que se había actuado bien, avalados por un informe del Ministerio de Hacienda.

Por otro, Imagina Burgos lanzó un modelo de instancia para que los ciudadanos acudieran al Ayuntamiento a reclamar la devolución. Pues bien, Foronda considera que esta formación política «se rió de los burgaleses» pese a las advertencias desde su área de que no iba a haber devolución. «Crearon una alarma social y, al final, engañaron a la gente porque aún perdiendo el recurso de Casación era inviable la devolución porque nunca hubo alegaciones a las ordenanzas», recuerda, a la vez que añade, que todavía hoy hay gente que se ‘descarga’ el modelo de instancia y va al Ayuntamiento. En mayo del pasado año, se llegaron a contabilizar hasta 400 personas diarias que acudían a la oficina tributaria municipal a presentar la reclamación.IMAGINA CALIFICA LA SENTENCIA DE «MANIOBRA POLÍTICA»

El portavoz de Imagina Burgos, Raúl Salinero, califica la decisión del Supremo de dar la razón al Ayuntamiento en el cobro del IBI de «maniobra política» para no desautorizar al ministro Montoro. Así, considera que el Tribunal Superior de Justicia resolvió bien el asunto el año pasado al estimar parcialmente el recurso presentado por dos empresas cuando no dio la razón al Ayuntamiento. De haber seguido el mismo razonamiento, hubiera «sentado jurisprudencia que desautorizaría al Gobierno de Rajoy y supondría que muchos ayuntamientos del país tuvieran que devolver parte de la recaudación a las familias».

Salinero ha recordado que tras la Junta de Gobierno se ha presentado la sentencia porque les interesaba hablar de ello, pero en cambio no existe interés por hablar del Caso Gómez. «El Tribunal de Cuentas ha reclamado toda la documentación que el alcalde no quiso remitir en su día», aseguró el portavoz.

En relación con el impuesto, esta formación insistió en el el PP «ha cobrado un IBI inflado en los últimos años».