El juzgado de menores atendió 320 casos conflictivos

BURGOS

La adolescencia es el periodo más conflictivo del paso de la edad infantil a la adulta. La rebeldía propia de un momento en el que los jóvenes conforman su carácter y se preparan para una etapa de mayores responsabilidades, en ocasiones les conduce a comportamientos que tipificados por la ley o por el Código Penal como delitos o faltas y la sociedad tiene que intervenir. Así, de los casos en los que se ha registrado una mediación o asesoramiento por parte del equipo técnico del juzgado de menores durante el pasado año, algo más del 80% se contabilizan en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años de edad. No obstante, hay que tener en cuenta que la ley no contempla la aplicación del Código Civil a las faltas cometidas por los menores de 14 años, sino que se establecen otras normas de protección y educación para este colectivo, de ahí que la mayor parte de los casos en los que se interesa el juzgado de menores abarque la horquilla entre los 14 y 17 años.

Dicho esto, la cifra de intervenciones por parte del juzgado de menores no es excesivamente alarmante. De los 10.008 jóvenes censados en la ciudad de Burgos entre 12 y 17 años, el equipo técnico del juzgado de menores tuvo que intervenir en 2015 en un total de 324 procedimientos de asesoramiento, una cifra mayor que en 2014, en donde intervino en 294 casos, por lo que se observa cierto repunte. De esos 324 casos, 296 fueron con personas entre 15 y 17 años y de ellos, el 22,3% fueron reincidentes, 78 de los 324.

Por edades, el juzgado de menores asesoró en 35 casos de jóvenes de 14 años (un 10,8% del total) y tan sólo uno reincidió en su comportamiento. Los más conflictivos fueron los que el pasado año cumplieron 15 años. Un 27,16% de los 296 casos interesados correspondieron a esta franja de edad, es decir, 88 expedientes, de los que 15 fueron reincidentes (19,23%). Poca distancia se llevan los jóvenes de 16 años que pasaron por el asesoramiento del juzgado de menores 87 del total de los habitantes censados de esa edad -uno menos que los de 15 años-. De todos los casos que llegaron al juzgado, supusieron el 26,85%, sin embargo reincidieron menos en sus faltas: 15.

Por otro lado el juzgado se interesó en 86 expedientes de jóvenes que se encuentran en el umbral de la mayoría de edad, 17 años, que representan el 26,54% del total de los casos atendidos. Sin embargo el nivel de reincidencia se dispara en esta edad: 31 de los más de 80 volvieron a pasar por el juzgado, es decir, un 39,74%.

La mayoría de edad parece centrar a las personas y caen los expedientes a tan sólo 27 casos (un 8,33% del total), pero comparativamente también se incrementa la reincidencia en este comportamiento lesivo y casi la mitad de los casos regresan al juzgado de menores (12). Aún así, tan sólo representan el 15,38% de las reincidencias registradas).

En el análisis de faltas o delitos tipificados por ley en el colectivo juvenil, y que se desprende del III Plan de la Infancia elaborado por la UBU para el Ayuntamiento, se destaca «la significativa diferencia» existente en en las personas asesoradas por el juzgado de menores para evitar los conflictos en razón del sexo. Así, de los 324 casos en los que se intervino, 238 son varones (73,46%) por 86 mujeres que representan el 26,54% del total. La misma diferencia se registra en los casos reincidentes donde el 80,77% son hombres (60 de los 78 casos registrados el pasado año), mientras que tan sólo 15 mujeres reincidieron en su comportamiento (19,23%). Entre enero y mayo del presente año, el juzgado de menores ha atendido ya 110 casos de menores en situación de conflicto, de los que 9 han reincidido.

Capítulo aparte merece el origen de las personas que se hallan en situaciones conflictivas de cualquier índole. Contra el pensamiento recurrente de que la inmigración ha podido disparar estas situaciones, las cifras despejan dudas y resta presión a la población inmigrante. De los menores de edad que han sido asesorados, en 256 casos el joven tenía origen español (79,01%). Muy lejos se sitúan las siguientes nacionalidades que conviven en la ciudad: un 4,94% de los casos intervenidos los proptagonistas provenían de Rumanía (16), seguido de Ecuador (14 casos y un 4,32%). En lo que va de año, la proyección es idéntica: de los 110 casos con asesoramiento, el 79,09% son españoles, seguidos de Rumanía (5,45%), Bulgaria (2,73%) y Marruecos (2,73%).

Los análisis del Plan de Infancia y Adolescencia compara también el nivel de estudios de los menores, interrelacionándolo con las situaciones de conflicto en las que los jóvenes se sumergen.

Estudios y residencia

Se detecta que a un menor nivel de estudios no es sinónimo de una mayor conflictividad, aunque sí es cierto que con mejor formación las condiciones para entrar en conflictividad se rebajan considerablemente. Así, los estudiantes que cuentan con un nivel formación profesional básica representan el 0,31% del total de los casos en los que el juzgado ha tenido que intervenir.

Los estudiantes de Secundaria son el grupo mayor. La llegada al instituto es un salto cualtativo y un periodo de formación de carácter crucial. El 60,18% de los casos estudiados pertenecen a este colectivo. Mientras, sólo el 9,88% cuentan con estudios de bachillerato. La dinámica porcentual se repite en los primeros cinco meses de 2016. Así el 60,91% estudiaban secundaria, el 6,36% módulos profesionales; el 19,09% formación profesional básica y el 9,09% bachillerato.

Las medidas adoptadas por el juzgado de menores van desde la prestación de servicios en beneficio a la comunidad, libertad vigilada, tareas socio-educativas, aunque también se impusieron internamientos en régimen semiabierto o abierto y convivencia en grupos educativos, o la mediación entre las partes.