El «no» al convenio de refinanciación motiva reuniones «urgentes»

El rechazo al convenio para reestructurar la deuda del consorcio del desvío del ferrocarril, que asciende a 167 millones de euros, lleva al alcalde, Javier Lacalle, a tomar una primera medida de «urgencia» que anunciaba al acabar el Pleno municipal. La próxima semana se dará cuenta en el consejo rector, en el que además de los representantes políticos están las fundaciones de Caja de Burgos y de Cajacírculo, de la negativa al acuerdo con las entidades acreedoras que son Caixabank, Ibercaja y Dexia. «Quiero pensar que va a haber algún tipo de solución, pero todo se complica porque con la decisión que se ha tomado ya no depende solo del Ayuntamiento sino que habrá que ver qué medidas toman los bancos», aseguró tras presidir la sesión plenaria.

La propuesta que se sometía ayer a votación fue rechazada por 17 de los 26 concejales (faltaba César Rico y Silvia Álvarez de Eulate se abstuvo). Sorprendentemente, el ex concejal del grupo popular, Fernando Gómez, se sumó al no mayoritario ya anunciado de PSOE, Imagina y Ciudadanos. El concejal no adscrito aseguró, en una de las primeras intervenciones sobre este asunto, que las entidades financieras «tienen responsabilidades dentro del consorcio». Añadió que cuando «se reconozca esto» se deberá buscar un nuevo acuerdo con las obligaciones de todas las partes.

El convenio censurado preveía pagar al menos 118 de los 167 millones con la venta de terrenos. Mientras que el Ayuntamiento se haría cargo de los 47 millones restantes con un pago anual de 3,7 millones a los que habría que sumar los intereses bancarios.

Lacalle aseguró que no se podía esperar a septiembre ya que, en principio, las entidades bancarias han puesto de plazo hasta el 31 de julio para alcanzar algún acuerdo de refinanciación. En este sentido, se pronunció el concejal de Hacienda y consejero delegado del consorcio, Salvador de Foronda, que aseguró que este jueves las tres entidades acreedoras le habían hecho llegar una carta aludiendo a las consecuencias de no aceptar el convenio en el Pleno. «Les recordamos que el acuerdo de reestructuración debe formalizarse antes del 31 de julio de 2016. En caso contrario, las entidades procederán a cuantas actuaciones estimen oportunas sobre la base de los contratos de préstamo actualmente en vigor y los reiterados estatutos del consorcio». Estas son las palabras textuales que se recogen en un párrafo de la misiva, que adelanta «acciones» por parte de Ibercaja, Caixabank y Dexia.

Los firmantes añaden que «no procede quita alguna» sobre la deuda y que, por tanto, la negociación se ha centrado en incrementar el plazo de amortización de la deuda con «un precio por debajo de mercado». Además, insisten en una posible «reclamación judicial» en cuanto que el Ayuntamiento tiene «un compromiso «formal y vinculante según los artículos 15.2 y 18 de los estatutos», donde se habla de la disolución.

Con esta carta encima de la mesa y con el rechazo al convenio, se abre un nuevo escenario «de riesgo», según recogían este jueves los informes de los máximos responsables de los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento que, a partir de la próxima semana, se verá hacia dónde conduce.

Por cierto, que el alcalde añadió también que convocará a los representantes del consorcio de Villalonquéjar IV en cuanto que las negociaciones para refinanciar la operación bancaria, esta vez con Caja de Burgos, para ejecutar la urbanización del polígono industrial, estaban paradas a la espera de un acuerdo primero en el del desvío. «Se han producido vencimientos en el consorcio de Villalonquéjar y no se ha hecho nada porque se ha priorizado el otro consorcio», afirma.

Unidos al consejo rector

Por su parte, el concejal socialista, Antonio Fernández Santos, aseguró que, una vez rechazado el convenio en Pleno, la posición en el consejo rector debe ser la expresada en el máximo órgano de decisión del Ayuntamiento. «La voz debe ser única, la que gane en esta votación, y a los que no les guste tendrán que acatarlo. Los seis representantes delConsistorio debemos tener una única voz, pidan si quieren un informe sobre esta cuestión», aseguró el edil, que considera que así serán más fuertes ante los bancos en lugar de ir cada uno representando a su partido. La finalidad: obtener un convenio mejor.

La posición unánime de los grupos municipales de la oposición precisamente tiene como objetivo lograr un convenio más ventajoso para el Ayuntamiento y, en definitiva, para la ciudad. Así, por ejemplo, Fernández Santos le preguntaba a Foronda «¿Estamos todos locos o todos jugando? ¿Por qué no encuentra usted un solo apoyo?». Por su parte, el portavoz de los socialistas, Daniel de la Rosa, expresó que «lo responsable es rechazar esta propuesta». El PSOE acusó al PP de actuar como si siguiera teniendo mayoría y presentar un acuerdo con los bancos en lugar de haber promovido un diálogo antes de redactar el convenio. «Este acuerdo es malo, pero nosotros somos partidarios de una reestructuración», señalaron.

Desde Imagina Burgos, Rául Salinero, insistía en que el acuerdo que se pretende es «un ataque a la democracia» en el sentido de que provocaría que durante 15 años el Ayuntamiento estuviera intervenido por las entidades financieras.

Reclamó al PP que debía haber formado meses antes un cuerpo jurídico de expertos, «como tantas veces se pidió», para defender los intereses del Ayuntamiento y estudiar la responsabilidad de las entidades firmantes en la constitución del consorcio (Ayuntamiento, Caja de Burgos y Cajacírculo).

La portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, fue crítica con Salvador de Foronda a quien acusó de haberse olvidado de que es concejal de Hacienda y de actuar como consejero delegado del consorcio.

La edil expuso que las entidades se han beneficiado del consorcio al cobrar por la gestión y llevarse los intereses de los créditos concedidos y, por tanto, opinó que puede existir responsabilidad por parte de todas las partes consorciadas. «Lejos de ponernos de perfil nosotros hemos hecho la propuesta de que todas las entidades consorciadas arrimen el hombro, todos los grupos debíamos haber ido juntos en la negociación», insistió, a la vez que añadió, «dudo de que este convenio sea beneficioso para el Ayuntamiento».Más fondos para el aeropuertoLa disolución de otro de los consorcios municipales, en esta ocasión el del aeropuerto, ocasionó un debate en el que hubo cruce de acusaciones en relación con el fracaso para mantener los vuelos desde Villafría. Todos los portavoces de los grupos intervinieron aunque ya estaba clara su posición. De cara al futuro la promoción del aeropuerto irá a parar a manos de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (antigua Parkmusa). Ayer en el Pleno se votaba el acuerdo para disolver el consorcio del aeropuerto.

El alcalde, Javier Lacalle, que cerró el debate se mostró partidario de incrementar el presupuesto que hasta ahora se había destinado a estos fines de cara a lograr una operativa estable, al menos, a Barcelona. «Estamos de acuerdo que hay que incrementar los recursos económicos porque no es que sea difícil sino que es imposible tener vuelos en aeropuertos de ciudades de menos de 200.000 habitantes», precisó. Esta posición de destinar más fondos ya había sido defendida desde hace meses por el portavoz de los socialistas Daniel de la Rosa. «Planteamos una operativa más ambiciosa con 1 millón o 1,3 millones y nos quedamos solos», recordó el concejal, en referencia al último concurso para traer empresas que se quedó desierto al presupuestar 600.000 euros anuales.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Vicente Marañón, quiso «huir del revanchismo», pero aseguró que ha habido «responsabilidades» en el fracaso del aeropuerto. Tras esta puntualización, puso el ánimo en seguir trabajando para mejorar el escenario «negativo».

Javier Gil, de Imagina, relató los distintos fracasos con las operativas contratadas en los últimos años y aseguró que su grupo es partidario de no subvencionar vuelos.