MUNICIPAL / REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA DEL DESVÍO
Estancados en analizar la viabilidad del consorcio
Los partidos piden más informes y los bancos disolver y cobrar la deuda
La Casa del Cordón acoge la reunión del consejo rector del consorcio del desvío.-ISRAEL L. MURILLO
La reunión del consejo rector del consorcio del desvío celebrada ayer apenas sirvió para escenificar las mismas posiciones encontradas de todas estas semanas previas y que alcanzaban su punto álgido en el Pleno municipal del pasado viernes. Mientras las entidades bancarias reclaman que se siga la senda de la disolución del consorcio para cobrar los 167 millones de deuda, los representantes políticos salían de la reunión de «urgencia» reclamando más documentación para aclarar los pasos a dar en un futuro próximo.
El Partido Popular defiende el convenio propuesto para refinanciar la deuda y los ediles representantes de PSOE, Imagina y Ciudadanos se aferran a abrir una nueva negociación.
El informe más importante que se ha solicitado es el que determinará la viabilidad de este órgano creado para gestionar el desvío ferroviario, así como los terrenos resultantes de aquella operación que permitió sacar las vías del casco urbano. Así lo indicaba el alcalde, Javier Lacalle, que precisaba que la oficina de gestión del consorcio analizará en las próximas semanas si el consorcio es viable sin la ayuda económica del Ayuntamiento. En este punto, la oposición reclamó un informe externo, pero no se propuso ninguna sugerencia.
El objetivo es tener listo este documento para septiembre y, a la vez, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento se les ha solicitado información sobre si la decisión de disolver el consorcio es obligatoria o bien discrecional. Esta es la primera consecuencia del rechazo, que se produjo en el Pleno del pasado 22 de julio, al convenio para refinanciar la deuda del consorcio.
Los 17 votos que sumaron PSOE, Imagina Burgos, Ciudadanos y el concejal no adscrito Fernando Gómez, censuraron el acuerdo que proponía un plan de pago de la deuda de 167 millones de euros. En concreto proponía hacer frente a, al menos, 118 millones con la venta de terrenos. Mientras que el Ayuntamiento se haría cargo de la denominada deuda no sostenible, los 47 millones restantes (más 20 millones de intereses) con un pago anual de 3,7 millones de euros durante los próximos 15 años.
La consecuencia más inmediata del «no» a la propuesta fue el burofax que llegaba este martes dirigido al alcalde en el que los bancos apremian la disolución del consorcio para que el Ayuntamiento se subrogue en la deuda. Con este documento certificado encima de la mesa se produjo la reunión de ayer, a la que asistieron responsables territoriales de Ibercaja que en otras ocasiones no han acudido ya que la representación la ostentan las fundaciones de Caja de Burgos y de Cajacírculo. Este hecho motivó preguntas por parte de la oposición, que pidió otro informe al secretario municipal para que indique quién tiene que representar al consorcio.
El próximo mes de septiembre se convocará de nuevo al consejo rector con esta documentación para determinar si se va a la disolución ordenada del consorcio.