Los ayuntamientos recuperan 5,1 millones por la persecución al fraude catastral

laura briones burgos

Hacienda tiene en su punto de mira a los que, con intención o por desconocimiento, pagan menos de lo que deben en su recibo del IBI. El plan de regularización catastral que la Administración central puso en marcha en 2014 da sus frutos y año a año engrosa la recaudación de las arcas municipales.

Esta labor de vigilancia ha permitido detectar en la provincia 16.743 casos de fraude fiscal inmobiliario. Tantos como inmuebles bien no declarados, bien registrados con una descripción incompleta de sus características que suponga un pago de tributos inferior al que corresponde.

La Dirección General del Catastro ha repasado ya 260 municipios burgaleses en los dos años y medio de regularización, en los que ha comprobado 205.281 inmuebles de los que el 8,16%, tanto urbanos como rústicos, se han sometido a la oportuna regularización tras ser cazados.

El porcentaje de omisión se aproxima al nacional, con un 8,6% de inmuebles aflorados, pero reduce en dos puntos el regional. Y es que en Castilla y León se han comprobado 1,6 millones de inmuebles, casi la mitad de los existentes, y se han regularizado 164.141, un 10%. Destacan en este sentido las cifras de Zamora, con un 21% de fraudes detectados, Soria (15%) y Segovia (12%). En el otro extremo, junto a Burgos, se ubica Palencia, con un 5,3% de inmuebles regularizados del total de revisados y Salamanca (7,5%).

Según los datos facilitados por Hacienda resta aún comprobar un 63% de los activos inmobiliarios de la provincia, aunque buena parte de las regularizaciones no cerradas están ya en trámite. Mientras culmina el citado plan -en vigor hasta 2017- los resultados que arroja hasta la fecha se concretan en un incremento acumulado de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles superior a los 5,1 millones, que irán a parar a sus respectivos ayuntamientos.

El aumento medio del recibo de IBI por inmueble es de 84 euros, una de las cantidades más bajas de todo el país, solo rebajada por los 81 euros de Zamora y los 78 de Soria, y lejos de Alicante, Castellón, Las Palmas, Barcelona, Ceuta, Córdoba, Girona, Baleares, Málaga o Murcia, que superan los 200 euros.

También en cuanto a incremento en la recaudación del IBI Burgos se encuentra en la parte baja de la ‘clasificación’. Los poco más de cinco millones solo dejan atrás a Palencia, Segovia y Soria, con cuatro millones, y Teruel, que se aproxima con cinco millones justos.

Las reformas, la clave

Con todo, el tributo en cuestión es el que alimenta en mayor medida las cuentas de los ayuntamientos por lo que cabe suponer que los gestores de las localidades ya regularizadas celebran haberse acogido a la iniciativa de Hacienda.

De vuelta a las irregularidades detectadas, el grueso del fraude en la provincia está vinculado con reformas y cambios de uso en los inmuebles afectados. Así ocurre en el 40% de los casos, muy por encima de la media nacional. Las ampliaciones y rehabilitaciones no declaradas protagonizan el 25% de las infracciones y las nuevas construcciones el 31%. En estos casos la tendencia se acerca más a la del conjunto del país, con un 31% y un 33%, respectivamente.

Aunque en una cantidad mínima, la Dirección General del Catastro también ha aflorado en la provincia fraude relativo a piscinas ‘ocultas’. Un 2% de los hallazgos se referían a estas instalaciones de recreo, dato que lógicamente dista de la media nacional, de un 5%, avivada por los datos elevados de zonas costeras como Barcelona (21%) o Granada (20%) y la Comunidad de Madrid (15%).

SOBRE EL PLAN

En suma, el plan de regularización catastral ha permitido regularizar un total de 1,7 millones de inmuebles en hasta 4.340 municipios de todo el país que se traducen en 1.254 millones de recaudación extraordinaria en el IBI. Estos resultados, según detalla la Dirección General del Catastro, superan un 24% las previsiones iniciales.

Cabe detenerse, no obstante, en los detalles de este proceso, de los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas daba cuenta allá por 2014. Entonces explicaba que «la regularización catastral no implica una revisión de los valores ya que los inmuebles se actualizan a partir de los vigentes en cada municipio hasta la fecha».

«No se trata de un procedimiento de valoración al uso, si no de un procedimiento de lucha contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de inmuebles correctamente declarados», recordaba la nota de prensa.

En ella se señalaba que el catastro inmobiliario es un registro administrativo obligatorio en el que se describen los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales de todo el territorio nacional con excepción de los del País Vasco y Navarra.

Así, si un propietario no ha declarado o lo ha hecho de manera incompleta o incorrecta un inmueble el Estado tiene la obligación de subsanar este fraude -ya que repercute en el abono de los impuestos- e incorporar al padrón del municipio «y servirá para la correspondiente gestión tributaria de los ayuntamientos». «Este procedimiento excluye la aplicación de las sanciones catastrales por incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de alta o modificación de los mismos ante el catastro. Únicamente se establece una tasa de 60 euros por inmueble objeto de regularización que debe abonar su titular y que tiene por objeto financiar el desarrollo del propio plan», apostillaba el documento.