Nueva vía de defensa contra la deuda del consorcio del desvío

El despacho de abogados madrileño comandado por el catedrático Antonio Jiménez Blanco se hará cargo de elaborar el informe sobre la situación del consorcio del desvío del ferrocarril, su posible liquidación y la responsabilidad del Ayuntamiento y de las cajas de ahorro en el pago de una deuda que asciende a 167 millones de euros. Así lo acordaron ayer los grupos políticos en la reunión de la junta de portavoces.

De esta manera, se responde a la petición conjunta que registraron el pasado 2 de agosto tanto Partido Socialista, como Imagina Burgos y Ciudadanos con motivo de la situación que se generó en el Pleno municipal de julio (22 de julio) cuando por una mayoría de 17 concejales se rechazó la propuesta de convenio para reestructurar la deuda. El nombre de Jiménez Blanco fue uno de los gabinetes propuestos por el PSOE en las primeros días de agosto.

La administración municipal utilizará la fórmula de contrato menor para realizar el encargo a este bufete en concreto por lo que el coste del informe rondará los 15.000 euros. Los servicios jurídicos ya se han puesto en contacto con los letrados y parece ser que a finales de septiembre podría estar listo el informe. Los grupos de la oposición consideran que un gabinete externo de contrastado prestigio, ya que en otras ocasiones se ha trabajado con esta firma, es la clave para «armar» la defensa del Ayuntamiento frente a la deuda del consorcio y a las peticiones que ya han realizado los bancos, Caixabank, Ibercaja yDexia, en relación con reclamar la liquidación de este ente para que el Consistorio haga frente al pago del total de los 167 millones de euros.

El paso del encargo está dado, pero, a partir de ahí, en la junta de portavoces hubo discrepancias escenificadas sobre todo entre el alcalde y el resto de portavoces, que piden una voz unánime para defender los intereses municipales frente a los bancos.

El desacuerdo se produjo cuando el alcalde insistió en que la oficina de gestión del consorcio está elaborando otro informe en relación con la viabilidad del organismo sin el apoyo presupuestario delAyuntamiento. Javier Lacalle tras la reunión de urgencia del consorcio, que se producía a los pocos días del rechazo en el pleno del acuerdo de refinanciación, ya anunció que este informe se había encargado. Mientras tanto, ayer los grupos de la oposición mantenían que no se llegó a votar sobre el citado informe y, además, consideran que este documento se redacta «de parte» por cuanto que serían los empleados de las fundaciones de las cajas de ahorro quienes lo realizarían. Para Raúl Salinero, de Imagina Burgos, «no se puede pedir un informe a los lobos» y acusa al alcalde de «intentar marear» a los concejales «para llevar las cosas a su terreno». El concejal alertaba que se podría dar el caso de que existan dos informes contradictorios entre sí para complicar si cabe más el asunto de esta deuda.

Por su parte, Daniel de la Rosa considera «inaceptable» este informe del que hablaba el alcalde y ya adelanta que «no tomarán en consideración» ese documento. «Los corporativos del PSOE y creo que también los del resto de la oposición lo que queremos es que el Ayuntamiento se arme con criterios jurídicos frente a las distintas incógnitas en que se encuentra ahora mismo el consorcio», insiste De la Rosa.

Por su parte, Gloria Bañeres, de Ciudadanos, considera también que no hubo votación sobre la petición del informe a la oficina de gestión del consorcio y asegura que revisarán el acta y no descartan impugnarla.

Además de este punto de desencuentro, Bañeres denunciaba que no «cala» en el alcalde la opinión de los grupos de la oposición en cuanto a la idea de mantener una posición única frente a los bancos buscando defender los intereses municipales. «Tenemos seis votos dentro del consorcio y el de calidad del presidente, que es el alcalde, y en el seno del consorcio se debería imponer nuestro criterio frente a los representantes de las fundaciones porque somos los más interesados», recuerda.

El portavoz socialista insistía en la necesidad de que los corporativos hablen directamente con los responsables del bufete Jiménez Blanco para asegurarse que se traslada toda la información. «Nosotros vamos a estar con los servicios jurídicos del Ayuntamiento para asegurarnos de que se investigue y se respondan a todas las preguntas que planteamos en nuestro escrito de agosto», asegura De la Rosa, que pide que estén presentes también en esa interlocución los concejales del PP. Para Gloria Bañeres es fundamental asegurarse que cómo se hace la petición a Jiménez Blanco para contar con un informe completo y objetivo.

También Villalonquéjar

Por su parte, la portavoz del PP, Gema Conde, aseguró que todos los grupos han pedido que no se convoque una nueva reunión del consorcio del desvío hasta que no se esté redactado el informe solicitado al bufete madrileño. También se habló en la Junta de Portavoces sobre el Consorcio de Villalonquéjar sobre el que se está en el camino de solicitar una refinanciación de la deuda. En este sentido, se ha quedado en convocar una reunión en septiembre para decidir las personas que van a llevar esa renegociación, en este caso de 110 millones de euros.