Técnicos de Sacyl avalan el proceso de concesión pública del HUBU

El jefe del Servicio de Contratación Administrativa del Sacyl, Valentín Elena Casado, afirmó ayer que todo el proceso de tramitación administrativa de la obra de concesión pública del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) está avalada por órganos internos de la Junta y externos, como el Consejo Consultivo, y defendió la inclusión del factor de coherencia para «seleccionar la oferta más ventajosa». Si hubieran existido dudas, se hubiera dado marcha atrás», aseguró.

Casado Elena informó sobre la tramitación administrativa del procedimiento de licitación y adjudicación, de las modificaciones contractuales y de los expedientes de interpretación contractual del hospital en la comisión de investigación, en la que recalcó que su labor fue técnica y tramitadora, sin incorporar ninguna aportación al expediente, informa Ical. El responsable administrativo, miembro de la mesa de contratación, manifestó que su única actuación directa en este proceso fue en abril de 2011 al actuar como apoyo y asesor del acta de comprobación de la inversión, pero añadió que resultó fallida porque no se había ejecutado el cien por cien de la obra y se tramitada el segundo modificado.

Con ese argumento de que su departamento es un órgano gestor de los contratos, respondió a preguntas de la oposición en relación a supuestos sobrecostes debido al reequilibrio financiero por los modificados, al criterio de supuesta temeridad o a la inclusión del factor de coherencia recogido como baremo para la puntuación de las ofertas de licitación.

Reconoció a preguntas de la socialista Mercedes Martín que se trató de un expediente «complejo y único», con una regulación propia, que no se ha vuelto a utilizar en la Administración, aunque añadió que tiene los mismos parametros administrativos que otros contratos y que todos los pasos se han cumplido, a la vez que añadió que ni el pliego ni el contrato se impugnaron por otros licitadores.

Laura Domínguez (Podemos), Mercedes Martín (PSOE) y Manuel Mitadiel (Ciudadanos) incidieron en la supuesta temeridad de una de las empresas y en la corrección del ese concepto tras un informe de la Consejería de Hacienda y en la inclusión del factor de coherencia a la hora de puntuar a las empresas. «Quiero saber la lógica del baremo para ver si pudo existir un margen de discrecionalidad», aseveró el procurador de C’s.

Por la mañana, fue el turno de la letrada jefe de la Consejería de Sanidad, Ana Isabel Rodríguez, quien defendió que el pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación de la obra y equipamiento fue «más garantista» para la Administración que para el futuro adjudicatario, y aseguró que todos los modificados realizados se ajustan al ordenamiento jurídico y están motivados por nuevas necesidades, causas imprevistas y el interés público general. mantuvo que si hubiera tenido alguna «duda» de los informes jurídicos emitidos o de que el proyecto inicial fuera «insuficiente» la «tranquiliza» que tanto el Tribunal de Cuentas, como el Consejo de Cuentas de Castilla y León y sentencias judiciales hayan avalado lo que dicen dichos textos.

«Si el proyecto inicial era insuficiente, no lo parecía tal y como venía, en ese caso habría un informe desfavorable», precisó.