Gómez ve negligencias en Tesorería durante la tramitación de su caso

Un año ha pasado ya desde que el edil ahora no adscrito Fernando Gómez se viera en el ojo del huracán. El cobro indebido de dietas derivó en una comisión de investigación cuyo dictamen forzó, varios meses después, la salida del concejal de las filas del PP. Un año ha pasado y Gómez sigue manteniendo su inocencia, lamenta las conclusiones «políticas» de la citada comisión, que considera un circo «que no aclaró nada» y ‘pelea’ por demostrar que su actuación fue adecuada.

En este camino, según aseguraba ayer en rueda de prensa, el edil se ha topado con importantes «obstáculos». Así, denuncia «negligencias claras» en Tesorería que han convertido el procedimiento que le atañe en una «enorme chapuza» y un «esperpento». Es una «vergüenza», clamaba ayer, tras preguntarse «qué se pretende ocultar al negarle el acceso a documentación relativa a su caso».

Como ejemplo de las experiencias que motivan tales reproches Gómez relató la respuesta que obtuvo por parte de Secretaría municipal al reclamar datos sobre la información adicional requerida por el Tribunal de Cuentas sobre su caso. «Solicité por escrito conocer los documentos que se habían intercambiado tal órgano y el Ayuntamiento. Me contestaron que no tenían copia, que fuera a Madrid, a la sede del Tribunal de Cuentas para consultarlos. Me parece escandaloso y me pregunto a qué obedece esta ocultación grave de información», subrayaba ayer.

Acudió, claro, a la capital para conocer la información aportada. Descubría así que «lo que se me reclama en este caso son 395,5 euros de intereses relativos a los 4.000 euros que devolví en su momento». En este punto el edil detecta un nuevo error por parte de los servicios municipales: «A mí en ningún momento se me notifica que debo esta cantidad».

Gómez trasladaba esta valoración al concejal responsable del área, Salvador de Foronda, «para que depure esta negligencia y, de paso, evalúe cuánto va a costar a las arcas municipales trasladar este trámite al Tribunal de Cuentas, porque hasta allí se tendrán que desplazar varios funcionarios a declarar, y todo para cobrar una cantidad no notificada previamente».

Y eso, continuó el edil, «sin contar que los intereses que se piden afectan a un dinero que está en litigio». Porque, recordó, «exigir la devolución de un dinero que se paga amparado por un decreto obliga a anular el mismo y eso lo debe decidir un juez». Así, señaló que la devolución de las cantidades cuestionadas fue iniciativa suya y lo hizo «de forma cautelar».

A la espera de que un juez dirima el expediente de lesividad del decreto en cuestión, que según Fernando Gómez «de reconocerse podría poner en tela de juicio cientos de casos similares al suyo en los que distintos concejales obraron de buena fe», el que fuera presidente del IMC aguarda también la resolución de la liquidación de los 44 viajes que realizó como titular del cargo. Formalizó la petición tras reembolsar lo cobrado, como fórmula para regularizar la situación, y el pasado 12 de septiembre expiró el plazo para obtener respuesta.

Ayer mismo solicitaba el certificado del silencio administrativo para reclamar el amparo de los tribunales. Hará lo mismo si, aún habiendo culminado el plazo legal, el Ayuntamiento rechaza su reclamación.