El PP saca adelante el convenio en Hacienda pero el Pleno decide

El convenio entre el Ayuntamiento y el consorcio para la gestión de la variante ferroviaria para reestructurar la deuda de 167 millones de euros superó ayer los dos primeros trámites: fue aprobado en el seno del consejo rector y también en la comisión de Hacienda, si bien bastante lejos de la unanimidad. En la primera votación el PP votó a favor, junto a los representantes de las fundaciones bancarias que acuden al consejo, mientras que el PSOE se abstuvo e Imagina y Ciudadanos votaron en contra. En la segunda, ya en el seno del Consistorio se repitieron las posturas de los grupos políticos y se sumó la abstención de la concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate.

Sin embargo, será el viernes, en el próximo Pleno municipal, cuando se tome la decisión definitiva que orientará el futuro de la ciudad durante los próximos años. No está claro lo que sucederá, si se repetirá la votación en la reunión del área municipal de Hacienda, básicamente porque el grupo municipal socialista no tiene decidida la posición para el Pleno. De hecho, el representante socialista tanto el consejo rector como en la comisión de Hacienda, Antonio Fernández Santos, aseguraba que el de ayer fue un voto personal a la espera de la decisión que tome el partido en los próximos días antes del viernes. A este respecto, el portavoz del grupo, Daniel de la Rosa, consideraba el voto como una «abstención provisional» ya que se está hablando tanto en el seno del grupo de concejales como en la ejecutiva municipal.

Para Fernández Santos la votación del viernes representa la decisión «más transcendental» que se va a tomar en el Ayuntamiento en mucho tiempo y aboga por «meditar y por pensar en la ciudad más que en los intereses de cada grupo político». Así, reconoce que un nuevo rechazo al convenio propuesto, que es el mismo que en julio no salió adelante, supondría la disolución del consorcio, que la deuda recayera directamente en el Ayuntamiento y, por tanto, la intervención de las arcas municipales que deberían supeditarse a un plan económico durante varios años.

El concejal insiste que el convenio de 2014, que firmó el alcalde para aplazar la deuda a 2016, ha complicado la capacidad de negociar de la ciudad y asegura que el informe externo del bufete de Jiménez-Blanco ha dejado clara la responsabilidad del Ayuntamiento en la deuda.

Fernández Santos cree que el convenio saldrá o no adelante en función de lo que los socialistas decidan el viernes. Con respecto a la declaración de intenciones que han presentado en un escrito las entidades acreedoras (Ibercaja, Caixabank y Dexia), el edil socialista opina que «algo mejora» las condiciones, pero entiende que podrían ser mejores. «Se han comprometido a firmar la carta en el seno del consejo rector, yo mismo se lo he preguntado, y les he dicho que hubiéramos deseado que se estableciera un calendario más concreto para saber en qué año podemos sentarnos y ver si está funcionando el plan de ventas de suelo y si hay capacidad de otro acuerdo de reestructuración», afirma.

Por ahora está claro que el viernes habrá un mínimo de nueve votos a favor del convenio, los del Partido Popular, y otros nueve en contra que son los de Imagina Burgos y Ciudadanos (6+3). Los representantes de ambos grupos rechazan el acuerdo y han anunciado que mantendrán el «no» el viernes en el Pleno municipal. La vía de la abstención sumaría ocho votos de mantenerse la posición de los socialistas, a los que se sumaría la concejal no adscrita Silvia Álvarez de Eulate (7+1). La edil sí descartaba ayer votar en contra y aseguraba que, en principio, se abstendrá igual que en la comisión de Hacienda ya que, en su opinión, «el acuerdo es malo, pero el Ayuntamiento tiene un compromiso y no puede entrar en un tema de morosidad».

Con estas sumas de fuerzas, parece crucial el voto del otro concejal no adscrito, Fernando Gómez, vinculado al PP al inicio del actual mandato de Lacalle. Su abstención posibilitaría aprobar el convenio con el voto de calidad del alcalde, un no representaría inclinar la balanza a 10 noes, 9 síes y 8 abstenciones (si el PSOE sigue esa línea). Mientras que su voto a favor, permitiría sumar 10 síes. Este concejal, que votó en contra en julio (igual que hicieron Ciudadanos, Imagina y PSOE), aseguraba ayer que no tenía la decisión tomada. En su opinión, hubiera deseado haber sido invitado a la comisión de Hacienda, donde no está representado, para conocer los pormenores y las posiciones del resto de grupos «ante una cuestión tan transcendental» para la ciudad. A día de ayer, Gómez insistió en que su voto es uno de 27. «Niego la mayor de mi responsabilidad», dijo.

Por su parte, el alcalde, antes de conocer el resultado de la Comisión de Hacienda, reconocía que en estos meses, desde julio hasta ahora, se ha hecho un trabajo importante con el nuevo informe externo de Jiménez-Blanco y también con la declaración de intenciones que se ha obtenido de las entidades acreedoras. En este sentido, considera importante que se abra una vía a la negociación en el futuro en función de las perspectivas del mercado inmobiliario y del plan de venta de suelo, con el que se pretende hacer frente a 118 millones de los 167 totales, así como que los intereses de demora se propongan cobrar al tipo actual y no el penalizado. Así, Lacalle recordaba que el Pleno tiene la última palabra y considerará un «ejercicio de responsabilidad» que los corporativos se abstengan o voten a favor.Salinero y Bañeres creen que hay otras vías para explorar

Imagina Burgos y Ciudadanos defendieron su argumento en contra del convenio tanto en el consejo rector como en la comisión de Hacienda. Por un lado, Raúl Salinero considera que no se han explorado todas las vías y opina que hay una posición intermedia entre aceptar este acuerdo para reestructurar la deuda y la vía judicial, en el caso de que las entidades denunciasen definitivamente el impago ante el juez. Este edil considera que hay «pasos previos» a llegar al juzgado como «una nueva negociación, buscar un cambio en los estatutos para que las entidades que forman parte del consorcio aporten una parte de la deuda no sostenible y la vía de acogerse a un intervencionismo positivo de la administración pública hacia este tipo de entes que inclinaría la balanza hacia el Ayuntamiento». Salinero cree que se está jugando con «la terapia de shock anunciando una situación límite y caótica y diciéndonos que solo quedan estos acuerdos».

Por su parte, la principal defensora del cambio en los estatutos del consorcio para lograr la implicación de las fundaciones en el pago de la deuda no sostenible, Gloria Bañeres, lamentaba que el alcalde no haya querido ni plantear la votación sobre esta propuesta. «Aprovechando que estamos seis miembros del Ayuntamiento en el consejo rector hemos pedido votar esta opción para que las tres entidades participasen de forma igualitaria, he instado a votar para involucrar a las fundaciones y el alcalde se ha negado», resume. De esta manera, Ciudadanos está decidido a mantener su postura contraria al convenio ya que cree que es «lesivo» para los intereses del Ayuntamiento.