Rechazo frontal de Asebutra al peaje de la N-I en Guipúzcoa

La pretensión de la Diputación Foral de Guipúzcoa de implantar un peaje solo para camiones entre Irún y Etxegarate a partir de 2018 tiene en vilo al sector. El presidente de la Asociación Burgalesa de Transportistas, José Luis Olivella, manifestaba ayer su rechazo frontal contra una medida que implicará que todo el tráfico pesado que use la N-I a su paso por la provincia vasca tenga que pagar un máximo de 10 euros.

«Es una ruta obligatoria para acceder a Francia y supone una agresión directa a un colectivo que bastante tiene con recuperarse», afirmaba, convencido de que si la iniciativa prospera sentará un «grave precedente» que «fragmentará el país» en caso de que cunda el ejemplo. Olivella, que en la actualidad ostenta también la presidencia de la Federación Interregional de Asociaciones de Transporte (Fitrans), considera que, una vez conformado el Gobierno central, «es el momento de que alguien tome cartas en el asunto».

Así, el presidente de Asebutra insta al ministerio que corresponda -Fomento o Administraciones Públicas- a trabajar «para que la situación no se produzca». De momento, el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que Fitrans tiene voz y voto, ha solicitado una reunión con representantes de la Diputación Foral guipuzcoana para trasladar la postura del sector y «dialogar».

Cabe recordar que la institución vasca defiende la medida cómo una fórmula para sufragar el mantenimiento de una vía por la que circulan «35.000 coches y 10.000 camiones al día». «Que solo se aplique al tráfico pesado es clasista y, en contra de lo que alegan quienes lo proponen, no cumple la norma pues esta obliga a negociar este tipo de gravámenes. Eso es lo que queremos», insiste Olivella.

Más allá de la «confusión» que, a juicio del representante del sector en la provincia, acompaña esta medida -que afecta a un tramo de 73 kilómetros, único camino para sortear el puerto de Etxegarate-, el presidente de Asebutra incide en el «gravísimo daño económico» que causará «y no solo en el sector de transporte». «Nosotros prestamos un servicio a terceros. ¿Con qué criterio repercutimos este gasto al cliente? En todo caso tendrá su impacto y, en definitiva, restará competitividad también a las empresas para las que trabajamos», opinaba, para precisar que esta decisión afecta «a toda» la flota burgalesa, tanto al transporte internacional, «por ser la única salida», como a los que acuden a la frontera a cargar mercancía.