La UBU participa en la creación de una guía contra el castigo corporal

El uso de castigo físico a niños ha sido objeto de investigación en los últimos años. La mayoría de los análisis han comprobado que el castigo físico causa más problemas que beneficios en los pequeños y es que se mire por donde se mire, una ‘torta’ o un ‘cachete’ nunca será la fórmula para educar a los más pequeños. Los expertos educativos aseguran que el castigo físico no sólo es perjudicial para el niño que lo padece sino para los propios padres y la familia en general. En este sentido, en el territorio nacional el castigo físico está perseguido en colegios e instituciones pero no de una forma específica en el hogar, a pesar de la ratificación de los Derechos del Niño.

Con el objetivo de facilitar la transferencia de buenas prácticas entre los países europeos, desarrollando una herramienta en forma de guía de buenas prácticas para evitar el castigo corporal a menores dirigida a familia e instituciones como colegios o centros de acogida, entre otros, surge el programa ‘No punish’. Se trata de un proyecto europeo en el que el grupo de Cooperación Judicial Civil y Penal en el Ámbito de la Unión Europea: Instrumentos Procesales (CAJI) de la Universidad de Burgos, del que es coordinadora la profesora María del Mar Jimeno, participa junto a los investigadores Esther Gómez y Félix Valbuena.

‘No punish’ fue seleccionado por el programa de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea y recibirá 320.000 euros para trabajar en la eliminación del castigo corporal a menores en un proceso de dos años. Este proyecto será coordinado por el Instituto Polibienestar junto al Estonian Advice Center de Estonia, el Ayuntamiento de Rotterdam, Save the Children Rumanía, la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) y la Universidad de Burgos.

Precisamente el grupo CAJI de la UBU se encargará de «ayudar a la ONG española Ginso a elaborar un informe relativo a España, prestándole el soporte legal, así como la regulación en materia internacional y nacional civil, penal o de otra índole en la temática del proyecto», tal y como explicó la profesora Jimeno, quien comentó que «estamos a la espera de que la ONG se ponga en contacto con nosotros, para que nos indique los datos que le interesa conocer según un modelo de informe que es común para todos los países participantes, denominado ‘template’ en el argot de los proyectos europeos».

De esta forma, el objetivo fundamental es «la elaboración de los informes nacionales por parte de los países participantes con exposición de legislación y práctica para de forma posterior elaborar una guía de buenas prácticas que sirva, con carácter general, al conjunto de los estados miembros de la UE». Así, también tendrán lugar sucesivos encuentros y jornadas en los distintos países con asistencia de partners así como otras instituciones.

Conocer cuál es la situación de los países miembro en el tratamiento del castigo corporal será el objeto del proyecto aprovechando la participación de ONGs e instituciones de otros países. En el caso del territorio nacional, la profesora recuerda que aunque «también será objeto de estudio e informe por parte de nuestro equipo, actualmente existe normativa internacional, civil y penal con alguna jurisprudencia en todos estos ámbitos».

Hasta el momento, la UE ha condenado a varios países de la Unión, como a Francia en 2015, por no prohibir el castigo corporal. Jimeno explica que «el cumplimiento de la normativa dependerá del tipo de resolución que ha de ser objeto de cumplimiento; es decir, no es lo mismo el desacato de una recomendación, de una directiva o de un reglamento si es una resolución legislativa o ejecutiva, que el incumplimiento de una resolución judicial». En última instancia recordó que «siempre hay lugar a la interposición de un recurso de incumplimiento por parte de la Comisión europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como tiene lugar tantas veces, cuyo cumplimiento está prescrito en el actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que en la práctica se va a traducir en sanciones económicas para el país como pérdida de ayudas o de fondos FEDER, por ejemplo».