El sector del transporte impugna el peaje solo para camiones de la N-I en Guipúzcoa

BURGOS

Las Juntas Generales de Guipúzcoa aprobaban el pasado miércoles, con el voto a favor de PNV, PSE y PP y la abstención de EH Bildu y Podemos, imponer desde el 1 de enero de 2018 un peaje exclusivo para camiones en la N-I y la autovía del Urumea (A-15) entre Irún y el alto de Etxegarate, con un coste máximo de 10 euros. Se materializaba así el temor del sector, que ya había manifestado su rechazo frontal a esta medida en reiteradas ocasiones, reclamando incluso al Gobierno su intervención para evitar un gravamen que consideran «discriminatorio e injusto».

Con estas palabras, de hecho, lo describía la nota difundida por el Comité Nacional del Transporte por Carretera en la que se anunciaba «la impugnación judicial de la norma dentro de los plazos legalmente establecidos». El sucinto documento señalaba además que en el pleno celebrado ayer se acordaba «estudiar otras medidas de oposición» a concretar en una próxima reunión en el mes de enero.

No sorprende, sin embargo, la reacción inmediata de este órgano, integrado por las asociaciones más representativas de transportistas. El presidente de la agrupación burgalesa (Asebutra), José Luis Olivella, ya adelantaba en noviembre que, de persistir la Diputación de Guipúzcoa en este empeño, el sector emplearía todos los medios a su alcance para combatir una propuesta que, a juicio del también presidente de la Federación Interregional de Asociaciones de Transporte (Fitrans), es una fórmula «clasista» que «supone una agresión directa a un colectivo que bastante tiene con recuperarse de la crisis».

Cabe recordar que la institución vasca defiende la medida cómo una fórmula para sufragar el mantenimiento de una vía por la que circulan «35.000 coches y 10.000 camiones al día». La decisión afecta en concreto a un tramo total de 73 kilómetros que «es el único camino para sortear el puerto de Etxegarate» y, por lo tanto, la «única salida a Francia».

Al respecto, el presidente de Asebutra incidía en su momento en el «gravísimo daño económico» que causará «y no solo en el sector de transporte». «Nosotros prestamos un servicio a terceros. ¿Con qué criterio repercutimos este gasto al cliente? En todo caso tendrá su impacto y, en definitiva, restará competitividad también a las empresas para las que trabajamos», opinaba, para precisar que esta decisión afecta «a toda» la flota burgalesa, tanto al transporte internacional, como a los que acuden a la frontera a cargar mercancía.