La Oficina de la Víctima no prevé la inclusión de Justicia Restaurativa

«Es cuestión de días». Esas fueron las palabras del presidente del Alto Tribunal, José Luis Concepción, en la ceremonia de apertura del Año Judicial de la región- celebrada el pasado 6 de octubre- a tenor de la inauguración de la Oficina de Atención a la Víctima. En aquel momento, el presidente reconocía que «por distintas circunstancias de las obras y de la dotación de personal» la oficina aún no había arrancado y cuatro meses después sigue sin haber un movimiento al respecto.Sea en unas semanas o en los próximos meses, lo que en principio no albergará la oficina será el Servicio de Justicia Restaurativa de Castilla y León- Amepax. «Para bien o para mal dependemos del Ministerio, al ser una comunidad sin competencias en Justicia, y es dicho órgano el que considera que no tenemos cabida en la oficina», explica Virginia Domingo, presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa de Burgos, «entienden que como el estatuto habla de Servicios de Justicia Restaurativa y de Oficina de Atención a la Víctima son dos cosas diferentes».Y obviamente lo son pero, «en nuestro proceso de asesoramiento al Ministerio en la creación del estatuto, hicimos la distinción porque no queríamos que el personal encargado de la oficina se haría cargo también de los servicios de Justicia Restaurativa» y es que «lo ideal es que sean personas con experiencia y con formación en dicho servicio».La realidad es que el estatuto corrobora las palabras de Domingo y es que «recoge que ambos servicios deben trabajar coordinados y qué mejor manera de hacerlo en el mismo espacio». En este sentido, Domingo recuerda que «José Luis Concepción sí cree en la inclusión del servicio en el mismo lugar y es que quiere dotar de aplicación práctica al Estatuto de la Víctima, pero no puede hacerlo porque no es su competencia».Por ahora el servicio cuenta con cinco personas «al no contar con una dotación económica, seguimos contando con el mismo equipo, aunque va y viene», explica Domingo, «el apoyo económico estable es absolutamente necesario, y a pesar de que dependiendo directamente del Ministerio debería ser algo fácil, no es así, sólo hay que fijarse en el Estatuto de la Víctima, que se puso en marcha sin un presupuesto económico».Cabe recordar que el estatuto implementa una directiva europea en España, que es de obligado cumplimento y, por lo cual, «cualquier persona puede denunciar que no se está dando ejecutando». En este sentido, aunque Domingo confía en que «finalmente el Ministerio de Justicia ‘entrará en razón’ y nos permitirá prestar nuestro servicio en la propia Oficina de Atención a al Víctima», la asociación ha realizado un informe dirigido a la Unión Europea denunciando que en «España existen comunidades de primera y de segunda categoría, donde unas tienen competencias en Justicia y otras no».Por ahora, el paso previo a la inclusión del servicio será la definitiva puesta en marcha del oficina.Los datos del servicio

Amepax cumplía, el pasado 2016, diez años de actividad, con más 207 casos resueltos. Durante el año pasado trabajó en 33 asuntos, de los cuales resolvió de forma satisfactoria 23. De esos 33 asuntos, en cuatro no se pudo intervenir porque «fue imposible localizar a alguna de las partes y otros dos están pendientes de resolución», comenta la presidenta Virginia Domingo. «Aunque la cantidad de asuntos no es excesivamente relevante, seguimos manteniendo el nivel, lo que significa que se consolida el servicio, y ahora con el apoyo legal que nos da el Estatuto de la Víctima realizamos la práctica restaurativa más adecuada a cada caso», asegura Domingo.En este 2016 más de un 80% de las derivaciones del servicio llegaron a través de los operadores jurídicos pero «hay que destacar que el 14% de los asuntos nos llegan a petición de las partes, lo que indica que las personas, lejos de pensar que nuestro servicio no vale para nada, cada vez acuden más a nosotros».En cuanto al tipo de delitos en los que ha trabajado el servicio, un 29% fueron de lesiones; un 22% de amenazas, un 16%, hurtos y un 13% sobre injurias y coacciones.Amepax trabajó con 64 personas y en el caso de las víctimas, más de la mitad quiso una reparación de tipo moral y de actividad, o simplemente moral, y es que «la mayoría de las personas que sufren un daño necesitan que el infractor se comprometa a no volver a hacerlo».