21.450 dependientes han recibido alguna prestación en la última década

La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia ha cumplido ya una década en vigor y corresponde, como suele en los aniversarios ‘redondos’, hacer balance. De aportar los datos que permiten dibujar su impacto local se encarga la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para valorar su aplicación, fortalezas y debilidades cabe, sin embargo, preguntar a representantes de colectivos diana de esta norma, de cuyo desarrollo presume Castilla y León. Así, las tres entrevistas que completan estas líneas reflexionan sobre las luces y sombras de la ayuda a la dependencia y señalan el camino a seguir para mejorar en el futuro.De vuelta al presente, los números evidencian la repercusión de la ley en la provincia. Según los datos facilitados por la Administración regional, desde enero de 2007 se han concedido hasta 26.637 prestaciones de distinta naturaleza a 21.450 dependientes burgaleses. He ahí por tanto la cifra de beneficiarios de la iniciativa en sus diez primeros años de vida e implantación gradual. En la actualidad (en concreto a 30 de noviembre, plazo al que corresponde el último boletín estadístico publicado por la Junta), son 11.111 las personas atendidas en Burgos, que acumulan 14.650 prestaciones. Esta cifra siempre es más elevada pues en algunos casos se otorgan varios apoyos complementarios. En lista de espera para obtener la ayuda ya reconocida se encuentran 29 personas, lo que eleva la atención al 99,74% de la población de la provincia con este derecho admitido.Esta cobertura es el principal motivo de orgullo del Gobierno regional pues, tal y como recuerda en cada informe periódico, el dato de Castilla y León (99,5%) y el de Burgos, aún superior, distan, y mucho, de la media nacional, que ronda el 70%.En concreto, según los datos más recientes, la distribución de las ayudas mantiene el ‘rumbo’ tomado en 2013, año en el que vía Real Decreto el Gobierno central aprobó medidas para primar la atención a los beneficiarios de las ayudas a través de servicios profesionales en detrimento del apoyo a los cuidados en el entorno familiar. La Junta, a diferencia de varios colectivos de afectados, que criticaron el giro, celebró la línea escogida por el Ejecutivo y adaptó a ella su gestión. Sus consecuencias se aprecian en la evolución de los datos.En la actualidad, el 80% de las prestaciones concedidas (11.603) se dirigen a sufragar servicios profesionales de distintos tipos: programas de promoción de la autonomía (2.151), teleasistencia (770), ayuda a domicilio (2.376), plazas en centros de día o de noche (1.429), plazas residenciales (1.476), asistencia profesional (3.381) o asistencia personal (20). El 20% restante (2.957) son ayudas económicas para cuidados familiares. Tal reparto difiere del que ‘dibujaba’ la estadística previa al citado Real Decreto. En 2012 las prestaciones destinadas a servicios suponían el 70,5% frente al 29,5% de las ayudas para cuidados en el entorno familiar.