Fundamay tutela a 58 burgaleses mayores con incapacidad y solos

La Fundación Castellano y Leonesa para la Tutela de Personas Mayores (Fundamay) brinda protección, por orden judicial, a personas con más de 65 años incapacitadas legalmente y que bien carecen de familia o cuyos allegados no quieren o no pueden hacerse cargo de tal labor. En Burgos, a 31 de diciembre de 2016, 58 mayores están bajo tutela de esta entidad regional sin ánimo de lucro. La cifra supera las 52 con las que cerraba 2015 y 2014, en consonancia con los 53 casos activos a finales de 2013 y los 51 de 2012.

Cabe señalar, no obstante, que esta ‘foto fija’ de la actividad de Fundamay en la provincia es engañosa pues, lejos del estatismo que dibuja la comparativa, el volumen de trabajo es notable. Para comprobarlo basta consultar las altas y las bajas registradas año a año. Solo en el último ejercicio la agrupación asumía 25 nuevas tutelas -incluyendo un traslado de otra provincia- mientras 19 culminaban, el grueso por el fallecimiento del beneficiario. Así, aunque la cifra total de tutelados presente cierta estabilidad, siempre por encima del medio centenar en el último lustro, el dato acumulado es elevado.

En concreto, según la información facilitada por Ana Rodríguez, directora de la entidad, «desde el año 2004 Fundamay ha valorado a 282 personas con modificación de la capacidad residentes en la provincia de Burgos». De hecho, solo en los últimos cinco años este programa de protección ha recibido 133 nuevos casos.

Los 58 mayores que en la actualidad cuentan con esta representación en Burgos suponen un 13% de los 428 del conjunto de Castilla y León, siendo la segunda provincia que más trabajo da a Fundamay, tras Valladolid, donde se creaba la entidad y tiene su sede central.

Solo en 2016, en toda la región, se iniciaban 150 expedientes nuevos y hasta 185 en 2015, frente a 152 y 175 bajas, respectivamente.

El total de cargos judiciales asumidos por Fundamay en la Comunidad se distribuye en 376 tutelas y 13 curatelas -cuando la incapacidad es parcial-, siendo estas dos figuras de carácter definitivo, y 5 administraciones judiciales y 34 defensas judiciales, cargos temporales que se extinguen al dictarse la sentencia de incapacidad.

Si bien en términos generales, tal y como evidencia la estadística, el número de peticiones de tutela anual se mantiene estable en los últimos años, cabe recordar que entre 2008 y 2010 registró un alza importante motivado por la aplicación de la ley de Dependencia y Promoción de la Autonomía, que exige la mediación de un tutor para tramitar subvenciones destinadas a personas con deterioro cognitivo. Este hecho, sumado a un mayor conocimiento de esta posibilidad disparaba el interés, «que desde entonces se mantiene igual de elevado», precisa Sonia Arranz, profesional de la entidad.

Respecto al perfil de los ancianos tutelados por Fundamay, Rodríguez precisa que «antes eran más mujeres que hombres pero la proporción se ha igualado en los últimos años». La edad media se sitúa en 82 años aunque en este aspecto sí hay diferencia por género, en ellas se eleva a los 85 frente a los 80 de ellos. El grueso son solteros o viudos sin hijos y, aunque la gran mayoría tiene familiares, estos renuncian a ocuparse de ellos por lo que Fundamay, siempre tras la oportuna resolución judicial, pasa a ejercer su representación legal.

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Rodríguez también detalla que hay mayor porcentaje de tutelados residentes en núcleos rurales que en urbanos, aspecto en el que por tanto sí se ha registrado un cambio de tendencia pues en 2010 la situación era precisamente la inversa, pese al mayor envejecimiento de la población rural. Arranz lo achaca a la proliferación de residencias en municipios pequeños. Y es que el grueso de los tutelados residen en centros de mayores.

En concreto, de los 428 casos al cierre de 2016 en Castilla y León, 103 ocupan se encuentran en una residencia pública, 137 ocupan plazas concertadas y 156 viven en centros privados. Solo 31 beneficiarios, 2 en Burgos -uno en la capital y otro en Aranda- permanecen en domicilio.

En cuanto al nivel de renta, lo habitual es que sean personas con ingresos mínimos, pensiones de viudedad o jubilación escasas o rentas no contributivas.

Fundamay abría su oficina en la ciudad en 2005 tras suscribir un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, que aún permanece en vigor, con el propósito de cofinanciar los servicios ofertados por la entidad, que al ejercicio de la tutela en sí, en sus distintas formas, suma un programa de asesoramiento jurídico y psicológico destinado a personas a partir de 60 años, sus representantes legales, familiares o cuidadores.