Ocho de cada diez funcionarios se jubilan en los próximos años

a situación es preocupante. Incluso alarmante, aseguran los representantes provinciales de las centrales sindicales firmantes del Acuerdo Marco de Modernización de la Función Pública: CSI-F, UGT y Comisiones Obreras. Se refieren en particular, aunque la valoración se extiende a distintos asuntos, al notable envejecimiento de la plantilla de funcionarios, cuya media de edad alcanza ya los 55 años.

«En Burgos, de hecho, se analice la administración que se analice, central, regional o local, este dato se cumple», subrayaba ayer Marcos Citores, responsable de Administración Local de CCOO.

El dato, lejos de ser anecdótico, implica «que el 80% de los empleados se va a jubilar en los próximos cinco años», algo que, si no se toman medidas supondrá «el colapso de los servicios públicos», afirmaba con rotundidad Silvia Cámara, presidenta provincial del CSI-F. Evitar tal quiebra precisa «una buena ordenación de los recursos humanos» que se concrete en planes de los que hasta el momento el Gobierno se ha desentendido, lamentaba Joaquín Porres, secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

Los representantes de las tres formaciones sumaban sus voces y sus mensajes para anunciar el inicio de movilizaciones dirigidas a recordar que «es el momento» no solo de recuperar «los derechos perdidos» durante los años de crisis, sino también de garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en el futuro. Así, urgen el regreso de las jornadas laborales de 35 horas, que, subrayan «se acordaron en sustitución de aumentos salariales», precisó Porres.

Al respecto, se dirigían específicamente a la Administración central, «pues es la que debe hacer las modificaciones normativas necesarias para permitir al resto aplicar este cambio, máxime cuando hay gobiernos regionales, como el de Castilla y León que ya han expresado su voluntad de hacerlo», detalló Citores. En este sentido, el portavoz de CCOO, indicaba que la aplicación de las citadas 35 horas (que se elevaron a 37,5 en busca de ahorro) permitiría generar 4.000 puestos en la Comunidad, 800 de ellos en Burgos.

Esta medida, a juicio de los sindicatos, deberá acompañarse de una oferta pública de empleo de carácter extraordinario, precedida de la supresión de cualquier tasa de reposición, figura, cabe recordar, que ha limitado desde 2010 las convocatorias a una parte de las plazas que quedaban vacantes en el ejercicio anterior.

Así, la realidad hoy es que «solo uno de cada diez plazas de funcionarios jubilados se ha ocupado en estos últimos años», lamentó Cámara. Tal contención repercutía además en el auge de la tasa de interinidad, que llega a alcanzar el 70% en algunas áreas del sector público. En concreto, en ámbitos sensibles como Educación, Sanidad o Servicios Sociales ronda, de media, el 30%. La reclamación de las centrales sindicales es que este dato caiga hasta el 8%.

Coincidían los representantes de CSI-F, UGT y CC OO en abogar por fórmulas que permitan consolidar empleo y faciliten el acceso de los interinos a los puestos que ocupan «para poner fin a la inestabilidad y a la precariedad» que, a su juicio, afecta tanto al sector público como al privado, «en detrimento de la calidad de los servicios» pese «al evidente sobresfuerzo de los empleados en los últimos años».