PP y PSOE votan a favor de refinanciar a 25 años

El consejo rector del Consorcio de Villalonquéjar ha dado un primer paso hacia la reestructuración de la deuda de 108 millones de euros en 25 años. La cuestión del plazo de amortización no era baladí ya que se contemplaba la posibilidad de un escenario a 15 años, sin embargo desde el grupo municipal socialista se defendió la necesidad de reestructurar a 25 años. El objetivo era asegurarse una cuota anual más reducida y, a la vez, tener un plan de ventas también a un cuarto de siglo para disponer de un calendario «más holgado».

Los consejeros de PP y PSOE votaron a favor de esta propuesta, mientras que Ciudadanos se abstuvo e Imagina votó en contra. Este planteamiento tiene que ser ahora estudiado por los acreedores, en este caso Caixabank, a la que se debe un 48%, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) titular del 52% restante. En el caso de que sea aprobado, se estudiarán las condiciones definitivas en una nueva reunión del consejo rector, será votado y pasará al Pleno municipal.

«Políticamente la solución a 25 años tiene más salida», aseguraba el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, que precisaba que cada propuesta tiene sus pros y sus contras. Así, se refirió a que pagar a 25 años representará más intereses, sin embargo al haber acuerdo político esa será la solución que se lleve a los bancos. Foronda cree que las perspectivas de negociación en ese margen de tiempo son positivas.

Por su parte, la concejal socialista, Nuria Barrio, veía favorable ese acuerdo sobre el tiempo para pagar la reestructuración. Recordaba que de los 112 millones de deuda, se alcanza un acuerdo sobre 108 ya que en la actualidad hay capacidad de pagar 4 millones de euros.

Foronda señala que el interés a 25 años sube del tipo de 1,82 a 2,96, y recordaba que en el caso del consorcio del desvío se logró un acuerdo a 15 años con un tipo a 1,82. En este caso, al estar calificada la deuda como entidad pública no hay margen para negociar el interés de forma privada con los bancos sino que es el Ministerio de Economía y Hacienda quien lo publica, como precisa la socialista Nuria Barrio.

La propuesta del PSOE era la de fijar una deuda sostenible de 80 millones de euros. Esta cantidad se obtendría de las ventas de los terrenos de la ampliación del polígono de Villalonquéjar. Mientras que la deuda no sostenible, la que abordaría directamente el Ayuntamiento año a año sería de 28 millones de euros. Sin embargo, en la reunión de ayer se puso de manifiesto que la deuda no sostenible debería ser de 36 millones de euros como consecuencia de esa ampliación en el tiempo y en los intereses, de esta manera la sostenible estaría en 72 millones de euros.

Por su parte, Raúl Salinero, de Imagina Burgos, explicaba que su voto en contra tiene que ver con la falta de información. «Pretendían que votáramos ya sin tener un papel sobre la mesa y es una cuestión muy delicada», aseguraba Salinero, que considera que no está claro cómo va a afectar al Ayuntamiento el hecho de que la deuda haya sido calificada como administración pública y, por tanto, ahora mismo los 112 millones están imputados a las arcas municipales, a pesar de que no empezarán a computar hasta dentro de dos ejercicios.

Gloria Bañeres, de Ciudadanos, se abstuvo ya que, en su opinión, debía haberse consensuado previamente una posición común (de todos los grupos políticos) en la comisión de Hacienda para defender los intereses del Ayuntamiento frente a los acreedores. También se quejaba de la falta de información. Bañeres y Salinero ponían en duda la continuidad del consorcio dado que ya está clasificada la deuda de Villalonquéjar como «administración pública».