El plan económico condiciona las inversiones para este año

El Ayuntamiento se prepara para poner en marcha un plan económico de ajuste como consecuencia del endeudamiento financiero una vez que se ha sumado a la deuda existente con los bancos (74,9 millones de euros) los 47 millones del consorcio del desvío del ferrocarril. Así, se imputa al ejercicio de 2016 una deuda de 121,9 millones de euros que representa el 63,53% de nivel de endeudamiento, todavía por debajo del 75%.El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, explicaba ayer la situación económica de la ciudad una vez que se conocían los datos de la liquidación del presupuesto de 2016 en el que se ha sumado como gasto esos 47 millones de euros, la parte no sostenible de la deuda del consorcio del desvío de la que se hará cargo directamente el Consistorio. El resto, hasta los 121 millones de euros, se pagará a través de la venta de terrenos.Estos 47 millones han roto el techo del gasto y, por tanto, se incumple la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. Esta situación ya es condición para realizar este plan económico que no implicará una subida ni de tasas ni de impuestos municipales como reconocía ayer el propio concejal de Hacienda. Sin embargo, sí que tendrá consecuencias sobre las inversiones sostenibles y sobre el compromiso adquirido en el Presupuesto municipal de 2017 de solicitar un crédito de 7 millones de euros para abordar nuevas inversiones para la ciudad. Sobre esta cuestión, el edil indicaba que los datos de la liquidación del ejercicio de 2016 ponen de manifiesto que existe un remanente de 55,5 millones de euros y precisaba que sería más lógico dar viabilidad a que con una parte de ese dinero se puedan realizar las inversiones comprometidas en el crédito. «Cuando entras en un plan económico financiero necesitas la autorización de la Junta de Castilla y León para solicitar un crédito y para todo. Hay dos posibilidades o solicitar esa autorización o bien pedir que se pueda utilizar del remanente líquido que tiene el Ayuntamiento», aseguró.En concreto sobre las inversiones sostenibles comprometidas con el grupo socialista por valor de 6,7 millones de euros, el concejal de Hacienda sostiene que en el acuerdo que se firmó se contemplaba una solución en el caso de no existir la posibilidad de realizar inversiones sostenibles. «Se proponía realizar una modificación en el presupuesto de 2017 y eso lo tendríamos que verlo más adelante», resumió.En el próximo Pleno municipal se dará cuenta de la necesidad de abordar el plan económico financiero. A partir de ahí, la Corporación municipal tendrá un mes para elaborar y presentar ese documento para un máximo de dos ejercicios. La propuesta deberá ser aprobada por la Junta de Castilla y León que realizará la tarea de tutela económica del Ayuntamiento. El concejal de Hacienda cree que en un año se va a lograr volver a cumplir los ratios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, no será necesaria esa tutela de la administración regional en 2018.

Este es el segundo plan económico financiero que aborda el Partido Popular con Javier Lacalle de alcalde, el primero se realizó en el anterior mandato y fue necesario al acogerse al Plan Montoro, en el año 2013, para pagar las facturas pendientes de ejercicios anteriores.

VILLALONQUÉJARPor otro lado, el concejal de Hacienda defiende la necesidad de reestructurar la deuda del consorcio del polígono de Villalonquéjar para evitar que se impute, dentro de dos ejercicios los 112 millones de euros que debe este otro consorcio.«Hay que reestructurar la deuda para poder ir a Madrid y luchar que vuelva a calificarse como sociedad no financiera en lugar de como administración pública», recordaba. De esta manera, se prevé de nuevo contar con una deuda sostenible (72 millones de euros), que se abordará a través de la venta de terrenos industriales y otra no sostenible, de 36 millones de euros, que se abonaría a las entidades financieras en 25 años con cargo al presupuesto municipal. «Las entidades financieras (Caixabank e ICO) conocen la propuesta y los comités de riesgos tendrán que hacer sus informes correspondientes, a la vez los grupos políticos están analizando la propuesta de refinanciación», precisa.