El intento de maquillar la lista es irrealizable, según los jefes médicos

Llevar a la práctica la instrucción de «contener la entrada de pacientes en lista de espera quirúrgica», que figura en el polémico documento planteado por la subdirectora del área quirúrgica, es irrealizable por la independencia de cada servicio al gestionarla y el control existente. Así lo afirmaron ayer con una sola voz los miembros de la subcomisión de quirófanos del Hospital Universitario de Burgos, que comparecieron en rueda de prensa en el edificio administrativo del propio complejo para reiterar las aclaraciones ofrecidas el miércoles a este periódico sobre la imposibilidad de alterar los datos, dados los controles que se efectúan y la propia dinámica del complejo.

Que no se pueda maquillar no implica que no existieran recomendaciones, conocidas por los superiores de la subdirectora, ya que estás sí se pusieron sobre la mesa. De hecho, los médicos reconocen que el documento de la reunión del 23 de marzo recoge literalmente esta propuesta, como se aprecia en la imagen inferior, entre las posibles fórmulas para mejorar los datos. El escrito, al margen de que la citada medida sea inviable en la práctica, evidencia el intento de la representante del equipo directivo del hospital en este órgano de atajar una lista que «supera el objetivo pactado».

Los integrantes de la subcomisión explicaron que solo debatieron esa cuestión con Ana Lucía Fernández Eroles, sin apuntar más arriba en busca del origen de tal interés en obtener un resultado satisfactorio al cierre «de este primer trimestre fundamental para el HUBU y Sacyl».

Pero apenas media hora antes el procurador del IU-Equo, José Sarrión, sí apuntaba a posibles responsables y se mostraba convencido de que estas instrucciones del escrito filtrado -que él mismo dio a conocer en las Cortes el martes- proceden «bien de la Gerencia del HUBU, bien de la de Sacyl» y exigía dimisiones en la cúpula de la Consejería, empezando por la de su máximo responsable, Antonio Sáez Aguado.

CIERRAN FILAS

Sin embargo, los facultativos, representados ante los micrófonos por el jefe de Cirugía Pediátrica, José Manuel Gutiérrez Dueñas, cerraron filas, defendieron con contundencia la gestión de las listas de espera en el hospital burgalés y tildaron de «desliz desafortunado» el párrafo que motivaba la polémica y costaba el puesto a Fernández Eroles, a cuya labor de coordinación atribuyeron los «excelentes resultados» que el complejo local registra en la actualidad en este ámbito, «mucho mejores que los de hace unos años», insistieron. Cabe resaltar que desde que estalló esta polémica, ningún facultativo ha cuestionado estas argumentaciones y todos ellos han hecho bandera de la buena gestión.

Los profesionales hablan siempre de un «borrador» que Eroles se había preparado» para debatir y que no se tradujo en una instrucción concreta. «Es incomprensible que una chuleta desencadene esto», añadía el responsable de Ginecología, Javier Martínez Guisasola. Gutiérrez Dueñas, al hilo, consideraba que el «error de redacción se ha sacado de quicio de forma malintencionada» y consideraba que como tal «no debe invalidar el trabajo de todo un hospital». «Se trata de una propuesta que leída e interpretada fuera de contexto no se ajusta a la realidad y puede crear alarma social injustificada», señalaban de forma unánime para rechazar que exista presión alguna.

Los médicos difundieron un comunicado en el que recordaban que, si bien la subcomisión establece criterios uniformes entre los distintos servicios, cada uno de ellos gestiona su propia lista de espera «de forma soberana» y la indicación «y correspondiente inclusión de un paciente en ella es competencia exclusiva del profesional que lo atiende». «Es así de sencillo. Aquí no se esconde nada. La mayoría de los integrantes de la subcomisión de quirófanos somos clínicos, ¿qué interés vamos a tener en hacerlo? Si ni siquiera se paga productividad», aseveraba su portavoz para recordar que «la lista de espera nunca ha estado más controlada que ahora, que lo está por distintas vías». Añadía que, de hecho, las auditorías a las que el HUBU somete su actividad quirúrgica han sido positivas.

Sobre el resto de medidas planteadas en el documento, los facultativos quisieron también señalar que tanto la existencia de prioridades clínicas como la depuración administrativa (la retirada de casos que aplazan de forma repetida o prolongada la intervención o de pacientes ilocalizables, entre otros supuestos), «que no es para nada arbitraria», se han revelado como herramientas eficaces. La primera, para dar una respuesta ajustada a la necesidad de cada paciente y la segunda, para contar con datos reales. «No se saca a nadie sin que cumpla una serie de criterios que están regulados por ley», insistía Gutiérrez Dueñas. Se refería en concreto a la normativa regional al respecto y al Real Decreto 605/2003 del Ministerio de Sanidad que fija las pautas en este sentido.