Eficanza tiene una situación ‘delicada’ pero no dejará el contrato del HUBU

Eficanza, empresa concesionaria de la explotación del Hospital Universitario de Burgos, se encuentra en una situación económica «delicada» pero no se plantea la rescisión del contrato de explotación del citado centro antes de 2036, fecha en que termina la concesión, y garantiza la explotación de los servicios del mismo. Así lo señaló el empresario Jesús Arranz Acinas, del grupo del mismo nombre que forma parte de la UTE del Hospital de Burgos, que no pudo comparecer en la comisión de investigación, donde ayer se leyeron las respuestas escritas a las 50 preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.«Desgraciadamente estamos en una situación delicada que, no obstante, no compromete la adecuada explotación del hospital», reconoció Arranz Acinas, quien sostuvo que los resultados «no son buenos» pero confió en que la situación mejore. Insistió en que «la concesionaria tiene capacidad para prestar adecuadamente sus servicios a pesar del delicado esquema económico actual», sostuvo, para añadir que «la concesionaria se plantea seguir colaborando con total implicación en la explotación del hospital», remarcó.En la lectura de las respuestas, que realizó el presidente de la comisión de investigación, el ‘popular’ Salvador Cruz, Arranz Acinas defendió la limpieza de todo el proceso de adjudicación y construcción del Hospital de Burgos. Remarcó que su empresa «nunca tuvo otra información más allá de la que se hizo pública por la Administración en el procedimiento de contratación».El empresario, que defendió en todo momento su experiencia en el sector de la construcción, narró todo el proceso de adjudicación para la construcción de un hospital que, dijo, era del todo necesario pero que las circunstancias económicas hicieron que tuviera que construirse con el método de concesión donde la empresa concesionaria se compuso de los socios «más idóneos», a su juicio.Además, sostuvo que la oferta con la que se le adjudicó el contrato «no fue temeraria» como algunos señalaron, sino que era económicamente «la más ventajosa» y por ello resultó adjudicataria en un procedimiento reglado con todas las garantías para todos los licitadores y que no fue impugnado por ninguno de los que resultaron adjudicatarios.En cuanto a los retrasos en las obras, el empresario recordó que se debieron a decisiones de la Administración. En primer lugar, por cuestiones geológicas sobre el emplazamiento inicial, y, en segundo lugar, por las posteriores modificaciones, que representaron un aumento de obra y del equipamiento y «por lo tanto mejoras en cuanto a sus capacidades y equipos» del hospital.Aseguró que «siempre» se construyó conforme al proyecto de ejecución aprobado por la Administración y en el periodo en el que esta se estaba replanteando el proyecto se siguió construyendo en la medida de lo posible, con picos de empleo de hasta 1.000 personas. Al respecto, Arranz Acinas defendió que los retrasos en las tramitaciones de las modificaciones de obra llevaron a la concesionaria a una situación difícil de crédito al ocasionar problemas de financiación.Lo cierto, dijo, es que «los plazos se alargaron demasiado» y esto provocó «una fuerte tensión financiera» a la concesionaria. «El retraso en la aprobación de las modificaciones y en su reequilibrio (que ha sido insuficiente) impidieron durante demasiado tiempo el acceso a la financiación bancaria que teníamos concedida y pusieron a la concesionaria en una situación muy delicada».Afortunadamente los reequilibrios llegaron, aunque fueran insuficientes, y la obra se está explotando con normalidad y esa situación extrema se ha dejado atrás». Por último, recordó que era «legalmente imposible» que se impusieran penalidades a la concesionaria teniendo en cuenta que, reiteró, esta no era responsable de los retrasos.Hasta el 5 de junio para nuevas comparecenciasLos grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo 5 de junio para presentar sus listados de comparecientes a la segunda fase de la comisión de investigación del Hospital Universitario de Burgos. Así lo acordaron ayer en una reunión de la comisión de investigación del HUBU, en la que a partir de ahora se analizará el modelo de concesión público privado y la gestión sanitaria y de los servicios externalizados por parte de los expertos en la materia que propongan los grupos. Para esta segunda fase, existe el acuerdo sobre seis expertos: Marciano Sánchez, presidente de la Federación Española para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP); Alain Berret, de la Escuela Jean Molin del Hospital de París Sur; Fernando Sánchez, profesor de Economía de la Universidad de Murcia; José M Abellán, profesor de Economía de la Salud del Hospital de Murcia; Juan Oliva, de la Asociación Española de Salud, y Paloma Sanz, representante de Globe Salud.