El Correo de Burgos

MUNICIPAL

El Ayuntamiento se asesora sobre el impuesto de plusvalías

Acude a la FEMP para que Hacienda busque una solución «conjunta y global» ante la sentencia del Constitucional que obliga a devolver cantidades

La planta baja del Ayuntamiento acoge la oficina de atención al contribuyente.-RAÚL G. OCHOA

La planta baja del Ayuntamiento acoge la oficina de atención al contribuyente.-RAÚL G. OCHOA

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N. E. / BURGOS
Burgos

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El Ayuntamiento de Burgos reclama una solución conjunta para todos los municipios del país en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que determina que los contribuyentes solo deberán pagar el impuesto de plusvalías en la venta de un piso si existe un incremento del valor.

En la reunión de la Junta de Gobierno que se producía en la mañana de ayer se tomó el acuerdo de que el Consistorio se dirija a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que, en coordinación con todos los ayuntamientos, se acuda al Ministerio de Hacienda a fin de buscar una solución «conjunta y global a la situación creada».El Constitucional avala que se devuelvan las plusvalías por las ventas de viviendas de los últimos cuatro años en el caso de que no haya habido revalorización en la transacción. El fallo judicial extiende a toda España el criterio que ya se aplicó en un caso en la provincia de Guipúzcoa cuando se dio la razón a un ciudadano que acudió a la justicia tras pagar el mencionado impuesto cuando la venta de un piso se había realizado a pérdidas.La vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Gema Conde, indicaba ayer que todavía no se ha realizado ningún cálculo sobre la cantidad que el Ayuntamiento de Burgos tendría que devolver en cada caso. Así, indicaba que se está en un momento inicial ya que la propia sentencia señala que «el legislador estatal es el que debe llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexsistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana».El Ayuntamiento acudirá también a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda para que en tanto se adopte una solución final emita una instrucción de cómo actuar en el ámbito de la gestión de este impuesto. A la vez, la Junta de Gobierno acordó encomendar a los servicios jurídicos y económicos muninicipales el estudio de la sententencia a fin de analizar sus consecuencias teniendo en cuenta que se deberá asegurar «el respeto y la capacidad económica de los contribuyentes en los términos que la legislación establece».Las previsiones que maneja el Ayuntamiento en el Presupuesto de 2017 indican que se prevé ingresar 15.606.920 euros por el impuesto sobre incremento valor terrenos de naturaleza urbana, frente a los 10.258.329 que se presupuestaron durante 2016. La previsión era de incrementar los ingresos por este concepto en un 52%. Evidentemente, en todas las ventas que se realizan no se producen pérdidas y habrá que ver qué parte de esta cantidad estaría afectada por la sentencia del Constitucional y cómo se procede a realizar los cálculos.Los ayuntamientos están preocupados sobre cómo proceder, pero también sobre las consecuencias que tendrá esta situación para las arcas municipales ya que el de plusvalías es uno de los impuestos más relevantes en cuanto a ingresos.4.500 euros de media

Por cierto que el portal online ‘reclamador.es’ sí ha realizado un cálculo sobre el número de contribuyentes afectados en Castilla y León y cada una de sus provincias. Indica que el plazo de cuatro años podría haber 4.200 burgaleses que pudieron vender su vivienda sin que se haya producido una ganancia y calcula que la cantidad a devolver estaría sobre 33.600.000 euros. El cálculo medio por persona afectada es de 4.500 euros, según indican desde la compañía online de reclamaciones líder en España.

Esta empresa ha tenido en cuenta el número de inmuebles que según Tinsa ha tributado de más por este impuesto en Castilla y León, la cifra de afectados en la Comunidad Autónoma asciende a 26.300, por lo que considerando el importe medio a recuperar por afectado estaríamos hablando de 118.350.000 euros como cantidad total potencialmente a reclamar a los 2.248 municipios castellanos y leoneses.

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