El Correo de Burgos

POLÍTICA

El PP endurece el control de la corrupción en sus cargos públicos

La incluye en sus estatutos como infracción «muy grave» y creará la Oficina del Cargo Popular

Alejandro Vázquez, Salvador de Foronda, Víctor Arnaiz, Ángel Ibáñez y José Antonio López.-RAÚL G. OCHOA

Alejandro Vázquez, Salvador de Foronda, Víctor Arnaiz, Ángel Ibáñez y José Antonio López.-RAÚL G. OCHOA

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M. R. / BURGOS
Burgos

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El PP de Burgos endurecerá la vigilancia de la corrupción de sus cargos públicos con la inclusión de modificaciones en sus estatutos incluidas en las ponencias que se debatirán en el XIV Congreso Provincial que se celebrará el próximo 3 de junio. Cambios que, siguiendo los ya incluidos en las congresos nacional y regional del PP, incluirán como «infracción muy grave la comisión de cualquier tipo de corrupción en el ejercicio de cargo público», según explicó José Antonio López, coordinador de la ponencia sobre los estatutos.

Las nuevas medidas incluirán también la posibilidad de que el comité ejecutivo, o el comité de derechos y garantías, «suspenda inmediatamente de afiliación, y la posibilidad de ejercer cualquier cargo representativo del PP» en caso de «flagrante delito». López añadió que se actuará en «aquellos casos en los que la realidad sea notoria de que se ha producido ese hecho delictivo».

Para completar estas medidas, el PP de Burgos asumirá también la decisión del comité ejecutivo nacional de crear una Oficina del Cargo Popular, cuya finalidad será «la prevención de los casos de corrupción que se puedan originar en el ejercicio del cargo público». A ello se añade la creación de un protocolo de denuncia interna para la prevención de «dichas faltas o delitos». Hasta ahora, cuando había casos de este tipo, se procedía a «una remisión directa a los estatutos nacionales y autonómicos». La inclusión en los estatutos del PP de Burgos del régimen disciplinario y sancionador es, según López, para «una mayor transparencia y un mayor conocimiento de los cargos públicos y afiliados en cuanto a sus derechos y deberes». En la Oficina del Cargo Popular habrá afiliados, fundamentalmente titulados en Derecho, que podrán actuar de oficio, caso por caso, pero no tendrán capacidad sancionadora porque «porque se debe remitir al comité nacional o al regional de derechos y garantías en función de quién sea la persona infractora».

Las modificaciones de la organización interna del partido que plantea la ponencia de estatutos buscan dotar a la formación política de «las herramientas necesarias para realizar un efectivo control interno a través de distintos mecanismos», según reza la ponencia. De esta forma, junto con la creación de la Oficina delCargo Popular se prevé la modificación de la organización comarca, la creación de la figura del coordinador general y la creación de una oficina de asesoramiento jurídico.

El partido también buscará un refuerzo de la «apertura a la sociedad», con la creación de ‘foros de trabajo’ para activar la participación de todos los sectores sociales.

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