Burgos se desmarca del auge general de denuncias por violencia de género

Burgos se desmarca del notable aumento general de denuncias por violencia de género. Y es que frente al auge del 20% total nacional, la provincia cerraba el primer trimestre de 2017 con 177, una cifra muy similar a las 170 registradas en el mismo plazo del año pasado y sensiblemente inferior a las 203 acumuladas entre octubre y diciembre.Se rompe así, al menos de momento, el alza sostenida que convertía el dato global de 2016 -con 763 denuncias- en el más elevado desde 2009, con un incremento del 25% respecto a 2015.A la espera de saber si es un freno puntual o un cambio de tendencia, el informe periódico del servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial ubica a Burgos como una de las provincias con menor ratio de denuncias por violencia de género por cada diez mil mujeres. Con 9,9 se aproxima a la media regional de 9,8 que, por cierto, convierte a Castilla y León en la comunidad con la tasa más baja, lejos de la media nacional, que en el primer trimestre ronda los 16 casos por cada diez mil féminas.Con todo, las 177 denuncias suponen casi dos cada día. De ellas, en la gran mayoría (164 para ser exactos) mediaba un atestado policial. Si bien 120 partían de la propia víctima, en 41 casos se originaban tras una intervención policial directa. Los tres restantes los propiciaban declaraciones de familiares. A estos se suman tres denuncias directamente interpuestas en los juzgados y ocho más basadas en partes de lesiones derivados a los tribunales.Por otra parte, la citada estadística también refleja un leve descenso de las medidas judiciales dictadas en el primer trimestre, con 92 de naturaleza penal, frente a las 116 del inicio de 2016, y 16 de carácter civil, frente a 18. Entre las primeras destacan cuatro órdenes de privación de libertad, dos arrestos domiciliarios, 43 alejamientos, 41 suspensiones de comunicación y dos de tenencia de armas.Por su parte, las medidas judiciales civiles se ciñen fundamentalmente a la atribución de la vivienda y la prestación de alimentos.Se incoaban además exactamente las mismas órdenes de protección que en los tres primeros meses del año pasado: 50. No obstante, esta cifra supone un descenso respecto a las 61 del último trimestre de 2016. Del total de solicitadas -previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal- se concedían 43 y 7 eran denegadas. La mayoría de las órdenes de protección solicitadas en los juzgados correspondían a mujeres españolas (35) y afectaban a varones españoles (37).En el plazo analizado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género fueron juzgados en la provincia de Burgos 25 varones, resultado todos condenados. Cabe recordar que en el primer trimestre de 2016 los tribunales procesaron a 33 hombres, de los que uno fue absuelto.No obstante, esas 25 sentencias suponen un 14% del total de los procedimientos, cuyo desenlace mayoritario -un 49,3%- es el sobreseimiento, libre en doce casos y provisional en 78, la mayoría (69) por no resultar justificada la perpetración del delito. En este caso se aprecia un descenso respecto a hace un año, cuando el porcentaje de sobreseimientos superaba el 56%.En términos generales, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, señala el aumento generalizado de las denuncias (que en Burgos se percibió de forma contundente en 2016) como fruto de la «mayor sensibilización y visibilidad del problema, con el único matiz, ya tradicional, de la poca implicación para denunciar del entorno de la víctima (que en la provincia inicia el 1,7% de los procedimientos)». No obstante, señala al mismo tiempo que la estadística constata «la urgente necesidad de hacer realidad el Pacto de Estado contra la violencia de género» en el que trabajan distintas comisiones del Congreso y el Senado. La consecución del objetivo de este acuerdo, «con las reformas legislativas correspondientes y unas dotaciones presupuestarias adecuadas, abre un nuevo horizonte de esperanza», apostilla.