El Gobierno foral se suma al parlamento navarro y exige el cierre de Garoña
Presentó ayer un documento de 22 páginas y 9 alegaciones que se resumen en cierre y desmantelamiento
burgos
La ofensiva contra Garoña iniciada desde las comunidades con régimen foral propio se refuerza con el paso dado ayer por el Gobierno de Navarra que, aplicando la resolución aprobada por anterioridad en el parlamento de esa comunidad, resolvió ayer solicitar al Gobierno Central que deniegue la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña a Nuclenor y exige, además, que se inicien «sin demora las actuaciones del cese de explotación» y su porterior desmantelamiento.
El ejecutivo que preside la nacionalista Uxue Barkos responde así a la oferta que realizó hace dos semanas el subdirector general de Energía Nuclear para que Navarra pudiera pronunciarse en este proceso aportando sus alegaciones al expediente. La consejera de Presidencia, Interior y Justicia y portavoz del ejecutivo navarro, María José Beaumont, explicó al término de la reunión semanal que está comunidad presentó ya en la mañana de ayer un documento que aporta nueve alegaciones al proceso argumentadas en 22 páginas. La primera de las alegaciones reprocha el «incumplimiento» por parte de Ministerio de Industria de su obligación de facilitar al gobierno navarro «copia de todo lo actuado» en este procedimiento para la prórroga de la central y crítica también la brevedad del plazo concedido para presentar alegaciones.
Beaumont explicó que en sus alegaciones el gabimete de Barkos alega que la de Garoña es la nuclear «más antigua del Estado» y que en el caso de obtener la prórroga sería la décima más vieja del mundo y enumera el resto de alegaciones que hacen un recorrido por las diferentes prórrogas recibidas por la central e, incluso, lo que califica como «cierre unilateral» por parte de Nuclenor. También critica la modificación de la normativa nuclear que permite la nueva solicitud de Garoña y rechaza la nueva postura ministerial que admite la prórroga sin límite de tiempo.
La postura contraria a Garoña por parte del gobierno nacionalista navarro no es nueva. Ya en enero de 2016 hizo público un acuerdo por el que solicitaba «al Estado» que «no reabriese la central nuclear y que fuera desmantelada».
Tampoco son nuevos los argumentos que lleva a su escrito de alegaciones y, de hecho, Ecologistas en Acción denunció ayer que el procedimiento de alegaciones contra la nuclear l impide la participación. Así, en un comunicado que recoge Ical, criticó que las organizaciones y entidades llamadas a consultas sobre el futuro de la central burgalesa solo han tenido 10 días hábiles para hacer alegaciones y no se ha facilitado el acceso a ningún tipo de documentación. Además, según denuncia en un comunicado, no se ha organizado un procedimiento de participación abierto, en el que recoger las diferentes sensibilidades y argumentos, por lo que «se han ignorado las numerosas voces posicionadas sobre el futuro de Garoña». «Se trata de un nuevo intento de hurtar el debate a la sociedad sobre el uso de la energía nuclear, más aún cuando la posición mayoritaria es contraria a su reapertura», añade.
Para Ecologistas en Acción el informe del Consejo de Seguridad Nuclear «no puede servir de base a la reapertura de la central» ya que tal informe se hizo «en tiempo récord», en concreto, dos semanas para analizar 160 documentos. Su principal argumento es «la falta de seguridad, a lo que se añade la falta de cultura de seguridad de Nuclenor».