Gómez insiste ante el juez que se ciñó a la norma municipal al cobrar viajes

El exconcejal de Cultura y hoy edil no adscrito Fernando Gómez reiteró ayer en sede judicial que actuó conforme a la normativa municipal en el cobro de las indemnizaciones por los viajes que realizó en representación del Ayuntamiento durante el anterior mandato. Más de 10.000 euros de 32 viajes que, recuerda, han sido sufragados de su bolsillo y que ha reclamado al Ayuntamiento por la vía contencioso administrativa.

Gómez, que pagó esos viajes para despejar dudas sobre su comportamiento cuando era responsable de Cultura, insistía ayer en el juicio, que quedó visto para sentencia, que hay una base reguladora del cobro de dietas por viajes y él eligió «la de todos los concejales». Hay que recordar que Gómez dejó de ser concejal de Cultura después de que una comisión de investigación concluyera que hubo un cobro indebido de indemnizaciones de 16 viajes que ya estaban cubiertos por otras entidades y pidiera su dimisión. Gómez considera que esa «comisión de «investigación política» no podía llevar «una aplicación administrativa inmediata».

El concejal no adscrito insiste en que «si hay alguna duda pongo el dinero de mi bolsillo, de todos los sitios que hayan pagado por mí». De esta forma, según el edil, «no puede haber ningún motivo para pagarme conforme se está pagando».En este sentido, señala que es «muy sorprendente» que en una Junta de Gobierno de hace 15 días haya aprobado indemnizaciones sustitutorias de concejales «con el mismo modelo, con la misma base de ejecución del presupuesto».

Durante el juicio, los representantes legales del Ayuntamiento indicaron que el edil no adscrito había utilizado un documento no reglamentario para la solicitud de indemnizaciones. Argumento que el concejal califica de «sorprendente», ya que «no me he inventado el formulario, me lo han dado ellos». A ello añade que «han tramitado todas las indemnizaciones de los concejales con esos formularios».

Del mismo modo, la representación del Ayuntamiento defiende que en algunos de esos formularios falta la firma del alcalde.«Si falta la firma del alcalde o del interventor tampoco puede ser problema del solicitante».

Otro argumento del Ayuntamiento se ha centrado sobre el encaje legal de la base que se aplica para el pago de las indemnizaciones. Una postura que Gómez califica de «muy sorprendente». En su opinión, si se está poniendo en duda el modelo de pago, y en el caso de que el juez aceptase este argumento «se pondría en duda el sistema, y el Ayuntamiento tendría que revisar todas las indemnizaciones desde el año 2002». Situación que «llevaría a una situación muy delicada a los servicios económicos del Ayuntamiento».