Concepción clama contra la falta de medios y la dispersión de sedes

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, arremetía ayer contra las administraciones por desatender sus reivindicaciones que ya calificaba de «históricas». Clamaba así contra la falta de medios, la dispersión de sedes judiciales y los fallos en la digitalización de este ámbito en el solemne acto de inicio del año judicial, que reunía en el Palacio de Justicia a representantes de las distintas instituciones y toda la sociedad civil.

En su intervención se detuvo en tales demandas cuya respuesta, opinó, «se resume en que el Gobierno apueste de verdad por una Justicia ágil y eficaz, moderna y funcional, lo que pasa por comprometer el presupuesto necesario».

En concreto, arrancó su repaso a tan mejorable situación por la de las sedes judiciales. Tildó de «inasumible» la dispersión de espacios en ciudades tan importantes como Segovia o Valladolid. En este sentido, calificaba precisamente de «arbitraria» la decisión municipal que paralizaba la Ciudad de la Justicia. «Nos hemos visto así privados de un edificio ya proyectado y presupuestado cuya construcción estaba a punto de ser una realidad y todavía no alcanzamos a entender la razón», lamentaba Concepción, para advertir que, además, la postura adoptada «puede dar lugar a una pugna entre las distintas administraciones que tarde muchos años en resolverse con el perjuicio para el ciudadano que ello comporta».

Similar tono empleaba para ‘dibujar’ la realidad segoviana, «con una raquítica atribución presupuestaria» que «condena» a esperar años para disponer de nuevos edificios. También se refirió a Palencia, donde esperan una orden ministerial que permita el traslado a la sede rehabilitada y que «no acaba de llegar por no se sabe qué ignotas razones».

Tampoco ocultó el presidente del TSJCyL su decepción por el contenido del proyecto de Real Decreto que define el aumento de la planta judicial, que tachó de «insuficiente y además inadecuado». Y es que, explicó, de las 89 unidades que se crean en todo el país «dedica solamente cuatro de ellas a Castilla yLeón» y dos, subrayó, «no responden a las necesidades más perentorias que tenemos». «Mientras tanto los asuntos desbordan el juzgado de lo Penal de Segovia o los saturados de Medina del Campo, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, sin que nadie parezca reparar en ello pese a los reiterados informes», añadía.

A las carencias ya citadas, Concepción sumaba el «defectuoso funcionamiento» de las herramientas informáticas «con las que nos obligan a trabajar» y que «se han evidenciado arriesgadas para la seguridad». Reclamaba en este sentido y «de una vez por todas» la inversión necesaria para subsanar tales «fisuras».

Sobre Cataluña

Enumeradas las «tradicionales» exigencias -que el propio protagonista, para evidenciar su flagrante incumplimiento, señaló como las mismas efectuadas con «actitud productiva e ilusionante» tal día como ayer hace un año-, José Luis Concepción quiso aprovechar el evento, dada su proximidad a lo que calificó como un «acontecimiento importante en la historia de España», en referencia al referéndum convocado mañana, para lanzar un mensaje de «total apoyo a todas las personas que trabajan en la Administración de Justicia de Cataluña».

Así, partía de que «la pretensión de ejercitar cualquier acción al margen de la ley se antoja un ataque inaceptable al proyecto común de convivencia» para aseverar que «cuando los otros poderes del estado hacen dejación de sus responsabilidades el Judicial se ve obligado a reaccionar».

Alababa al respecto la «valiente» conducta de los magistrados catalanes que han intervenido en este sentido. «El Estado de Derecho fracasará el día en el que una sola decisión judicial quede reducida a papel mojado», concluyó.

La apertura del año judicial contó con la presencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo; del fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Martín-Granizo; la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro; el alcalde de Burgos, Javier Lacalle; el presidente de la Diputación Provincial, César Rico; así como representantes de distintas formaciones políticas, el Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la UBU y de otras instituciones.