El Correo de Burgos

La Diputación podrá designar de oficio a la gestora de Castañares

Imagina considera que sería el paso a dar si Lacalle sigue «ignorando» la situación

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Imagina afirmaba ayer que la Diputación tiene la responsabilidad de poner en marcha la gestora que tome las riendas de la pedanía de Castañares. Lo explicaba el edil de la formación multicolor y también representante de esta en la Institución Provincial Marco Antonio Manjón, tras recibir por parte de esta administración la confirmación de que «efectivamente es su labor». «Hay dos vías para hacerlo, la más correcta que el Ayuntamiento presente la correspondiente solicitud a la Diputación para que esta incoe el expediente, designe a una persona como máxima responsable de la citada gestora y esta a otras dos en calidad de vocales, o que la Diputación actúe de oficio, al tener constancia de la situación y el deber de salvar la pedanía», relataba Manjón.

El concejal y diputado recordaba que la junta vecinal al completo presentaba su dimisión el pasado 27 de noviembre. «Desde entonces el alcalde, Javier Lacalle, no ha movido un dedo más allá de invitar a la pedanía a convertirse en barrio algo que la mayoría de los habitantes de la zona rechazan», lamentaba para acusar al regidor de «ignorar» el problema.

«Ante su silencio solo Imagina ha trabajado por esclarecer qué pasos deben darse para normalizar la situación. Solicitamos un informe que elaboró con rapidez el vicesecretario municipal, Francisco Javier Pindado, en el que queda claro el procedimiento», añadía Manjón, para reconocer que solo en el caso en el que la Diputación agote todas las vías para encontrar a alguien que quiera asumir la presidencia de la gestora «se recurriría a informar a la Junta de Castilla y León para que esta, por ser la administración competente en la materia, iniciara los trámites para convertir la pedanía en barrio».

Siendo este el interés del alcalde, según Imagina, ‘justificaría’ el «abandono» al que el equipo de Gobierno somete a Castañares. El portavoz de la formación, Raúl Salinero, fue más allá y sugirió que, además, «creemos que se está actuando de manera ilegal pues ni siquiera se han llevado a Pleno las dimisiones notificadas en noviembre y entendemos que debe ser así, tal y como se hace cuando un concejal deja su puesto».

Con todo, Salinero consideró que esta irregularidad no impide que la Diputación intervenga de oficio y «de forma inmediata». «Estamos ante una falta de respeto y una clara discriminación», apostilló el portavoz de esta agrupación municipal.

PLAZA SANTIAGO

No fue el único reproche que Imagina lanzaba ayer a Lacalle. La reciente sentencia vinculada al aparcamiento de la plaza Santiago motivaba una dura crítica de Salinero hacia «el equipo de Gobierno al completo» que, a su juicio, «ha tratado a los vecinos afectados por los problemas de construcción de esta infraestructura como enemigos».

Imagina rechaza por tanto la decisión ya anunciada por el PP de recurrir la sentencia para evitar asumir el coste de subsanar unas deficiencias «que evidencian que la obra no se supervisó» y propone iniciar un expediente para reclamar la oportuna indemnización de daños al contratista por vicios ocultos. «Hemos instado a hacer lo propio en el caso de la Plaza Mayor y de la remodelación del casco histórico pero el equipo de Gobierno no quiere pedir responsabilidades a las empresas», lamentaba Salinero.

Por otra parte, el portavoz de Imagina no se resistió a afear el optimismo de Lacalle respecto a las declaraciones del responsable de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre la posible reapertura del tren directo. «El alcalde sabe de sobre que en política decir lo estudiaremos es un no rotundo pero prefiere obviarlo porque lo que le preocupa es quedar bien con Madrid, con Génova», subrayó el edil para recordar que lo único que ha hecho el PP es «tirar el dinero en informes para que parezca que hacen algo».

Señaló al respecto que antes del documento recientemente cuestionado por el ministro el Plan Estratégico redacto un estudio «muy completo y tajante» en 2015, que se sumó a otro rubricado en 2005 en el que se advertía del cierre del trazado y de las consecuencias.

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