El 53% de la población activa gana menos de 1.000 euros al mes

Los seis años de vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el Partido Popular han desembocado en una «frustrante situación» para gran parte de la población activa en Burgos. De hecho, de las 153.000 personas empleadas en la provincia a día de hoy, más de la mitad (53%) cobran menos de 1.000 euros al mes. Por si fuera poco, alrededor de 58.000 perciben nóminas por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).A tenor de estos y otros tantos datos, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, criticó ayer la «nefasta» gestión de los populares, a los que acusó de entonar el «himno de la alegría» cada vez que hablan de recuperación económica. En este sentido, recordó que los últimos datos del paro, correspondientes al pasado mes de enero, registraron más de 28.380 desempleados en la provincia. Asimismo, precisó que tan solo el 11% de los contratos que se firman son indefinidos.Otra de las consecuencias que ha traído consigo la Reforma Laboral, a juicio de Peña, es la reconversión del despido objetivo en «norma habitual». Sobre este punto, subrayó que hasta el año 2011 los despidos colectivos e individuales por causas objetivas suponían el 23% «de todas las altas iniciales en las prestaciones contributivas por desempleo». A partir de ahí, con la fórmula del Gobierno de Mariano Rajoy en marcha, el porcentaje ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar el 42%.También tiró de datos «objetivos y oficiales» el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil. El más «significativo», en su opinión, se refiere a la disminución en 2,5 puntos del salario medio de los burgaleses durante los últimos años. Esta pérdida de poder adquisitivo arroja además un porcentaje demoledor. Y es que el 60% de las familias «no tienen capacidad de ahorro». Dicho de otra forma, «muchas de ellas no llegan ni al día 15».En el ámbito empresarial, Peña acusó al PPde facilitar la tramitación de expedientes de Regulación de Empleo (EREs) «ampliando el catálogo de causas y eliminando la necesidad de autorización administrativa previa» gracias a la Reforma Laboral. Así, a lo largo de 2017 -«el año de la recuperación según el Partido Popular»-, se tramitaron 4.060 expedientes relacionados con disminuciones de actividad o desaparición de empresas que afectan a más de 5.000 burgaleses. En total, según puntualizó la dirigente socialista, la provincia sufrió 29 EREs en ese mismo periodo.Aparte de confirmar los datos recabados por el PSOE, los dos sindicatos mayoritarios se mostraron decididos a «aumentar el nivel de presión» para revertir la situación actual. «Se van a ver forzados a tomar medidas», declaraba el secretario provincial de Comisiones Obreras, Ángel Citores, quien no dudó en acusar al Gobierno central de «empobrecer a la clase trabajadora». Entretanto, su homólogo en UGT, Pablo Dionisio Fraile, realizaba una lectura similar al insistir en que el PP ha promovido durante los últimos seis años la consolidación de un mercado laboral «absolutamente precario y estacional».Según Fraile, las condiciones laborales son «bastante peores» en el caso de las mujeres, cuya brecha salarial ronda el 23% en la provincia. Precisamente, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertaba de que los hombres cobran un 30% más en Castilla y León, de tal manera que «la diferencia de sueldos entre unos y otras alcanza los 4.621 euro». Ante este escenario, el secretario provincial de UGT recalcó que no solo se deben revisar los salarios, también se debe acometer una profunda reforma sociocultural y laboral para introducir «fórmulas de igualdad» en los convenios colectivos.