Los funcionarios de Justicia exigen el mismo sueldo que en el País Vasco

Puede parecer que su protesta ha salido a rebufo de las reclamaciones que plantea los policías y los guardias civiles, pero los funcionarios de Justicia recuerdan que llevan desde hace años, concretamente desde el acuerdo del año 2015, reclamando una equiparación salarial que parece estar más cerca para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una igualdad salarial que pasaría con una equiparación con los compañeros de los juzgados del País Vasco y que en el caso de Burgos afecta a cerca de 450 trabajadores.

Cerca de un centenar de funcionarios se concentraron ayer a las puertas de los juzgados de Reyes Católicos para reclamar una equiparación salarial con los compañeros de comunidades autónomas en las que están transferidas las competencias. Alberto Arroyo, en representación de los sindicatos convocantes, recordó que en algunos casos «las diferencias se han disparado a más de 500 euros».Ayer, a la misma hora a la que había movilizaciones en toda España, se entregaban 10.000 firmas en el Ministerio de Justicia para exigir que «se siente a negociar». Arroyo explicó que «ya es el momento después de varios años de que se siente a la mesa a negociar este tema».

El representante del sindicato STAJ aseguró que estas movilizaciones puede que estén a «rebufo» de las que han iniciado los policías y los guardias civiles, pero «llevamos tiempo solicitándolo».Además, añadió, se suma «el agravante con respecto a la Policía y la Guardia Civil de nosotros hablamos de cuerpos nacionales, tenemos la misma fórmula de ingreso». Y realizan el mismo trabajo en todos los juzgados de España, por lo que «lo normal es que por el mismo trabajo se te retribuya con el mismo salario».

Remarcó que «es verdad que coincide con la reclamación de la Guardia Civil y la Policía, pero llevamos mucho tiempo detrás e insistimos en que el Ministerio se siente a negociar porque no hemos hablado de ninguna cifra».

Al no haber cantidades concretas sobre la mesa, Arroyo estimó que un buen punto de partida sería«partir de la comunidad más alta». Recordó que con el País Vasco «hay diferencias donde un gestor procesal puede sacar más de 575 euros que en el ámbito no transferido». Con Galicia, donde actualmente los funcionarios están en huelga indefinida, la diferencia es de 50 euros. No obstante, lo prioritario es «tener un interlocutor que ahora mismo no tenemos». En este contexto, la posibilidad de acudir a la huelga no está descartada. «Está encima de la mesa, eso es indudable». Esta movilización es el comienzo de otras más, como la que convocarán el día 21 de marzo en Madrid los funcionarios de los órganos centrales.Arroyo aseguró que «la huelga tiene que estar ahí. Más adelante consultaremos a los compañeros y si quieren me temo que no nos van a dejar otro camino».