Exigen contundencia contra los talleres ilegales

Tras años de actividad y asentado en una localidad de la Ribera del Duero, recibe inspección de la Guardia Civil que precinta la instalación por ser un taller ilegal. Se vuelve a repetir la situación en hasta tres ocasiones con la misma persona y en tres ubicaciones diferentes. «Hay tal sensación de impunidad que, en este caso, pasan de una nave de 500 metros cuadrados a otra de 1.000 metros cuadrados y en cada inspección se abre el mismo expediente por ilegalidad del taller pero vuelve con las mismas». Es uno de los ejemplos que relatan desde la Asociación de Empresarios de Automoción de Burgos, Adeabur.

Por ello, tras alabar la actuación de Guardia Civil, especialmente Seprona, y Policía Local de Burgos están inmersos en un proceso de «estrechar relaciones con las administraciones encargadas de gestionar los expedientes y ofrecer nuestra colaboración o, al menos, estar presentes en la gestión de los expedientes para conocer por qué se produce esta sensación de impunidad que facilita tanta reincidencia», señala el secretario general de Adeabur, Gabriel Martínez. No apunta a ninguna razón concreta por la que, con cerca de 40 denuncias de instalaciones clandestinas en la provincia muchos vuelvan a abrir. «No tengo la certeza, pero los indicios apuntan a que o no hay sanción o el procedimiento es demasiado largo o al menos hay que ser más estrictos para obligar a que legalicen su actividad y tengan las mismas reglas de juego que el resto».

La organización, que defiende los intereses de un centenar de talleres que dan empleo a 1.400 personas en la provincia, ha denunciado una treintena de talleres ilegales a los que se suman «la extraordinaria investigación de las autoridades policiales». Ellos han denunciado cerca de una treintena pero se sancionaron a cerca de 40 y en algunos casos «en una sola actuación se detectaron hasta 24 ilegalidades», señalan.

Las fórmulas de la asociación para dar con ellos es «estar en la calle, observar y, en algunos casos, utilizar las herramientas de internet». Recuerdan, por ejemplo, un taller de la provincia que decía que había acabado de abrir pero «teníamos fotos de Google Earth donde se veía como un familiar hablaba con el cliente mientras él estaba trabajando en el coche. Era 2013». Otro de los fenómenos que están empezando a observar son furgonetas que anuncian arreglos a domicilio. «Es ilegal que vayan a reparar tu vehículo a casa porque está prohibido, sólo se permite la asistencia en carretera sujeta a un taller físico», aclara Martínez.

Inseguros y no tan baratos

Un taller debe cumplir una serie de cuestiones de seguridad en el tratamiento de residuos, que compete normativa medioambiental, en las instalaciones de pintura y arreglo de los vehículos, en la gestión comercial de pedidos de piezas, en la atención al consumidor y, como todo negocio, en la gestión administrativa y laboral de su personal. «En estos talleres ilegales se incumplen muchas, sino todas, estas medidas de seguridad». Relatan desde Adeabur como algunos de los talleres pirata detectados sostenían su instalación de pintura sobre bidones sin el «aislamiento exigido». Por otro lado, recuerdan que la mala gestión de las muchas sustancias de un taller pueden generar problemas de seguridad para las personas como el incendio vivido en un taller ilegal en la ciudad el año pasado.

Además de trabajar con la administración, como se ha colaborado con las fuerzas de seguridad, se quiere concienciar al ciudadano, potencial cliente de talleres ilegales y clandestinos. Entregar un trabajo sin factura «no ofrece garantías si hay problemas con alguna de las piezas que se hayan cambiado o con el arreglo realizado». Además de eso la ventaja de su económico precio no parece que sea tal. «Si un taller te cobra a 20 euros la hora y en otro pirata lo hacen a 15 aparentemente te parece más barato pero no lo es porque después te cargan más horas de las realizadas y el precio acaba siendo el mismo», explican desde la asociación que ya se ha reunido con Subdelegación del Gobierno, Delegación de la Junta y el Ayuntamiento para analizar el porqué de la reincidencia de los denunciados.