Concepción insiste en reclamar a Justicia refuerzos «inaplazables»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, no desfallece en su reivindicación de los medios necesarios para que el colectivo al que representa pueda desempeñar «todavía mejor sus funciones», que pese a las limitaciones, subrayaba ayer en la presentación de la memoria anual del organismo que lidera, «realizan de una forma ágil, eficaz y eficiente».

Tiraba de números para evidenciar «la elevada carga de trabajo» que soportan jueces de la región, «desde luego superior a la deseable», y emplazó a comparar la estadística con la de otras comunidades para constatar los frutos del esfuerzo de los profesionales, cuyo índice de resolución se mantiene y la media de sentencias dictadas por magistrado, aún con un leve descenso anual, es de 312. «A estas hay que añadir otras resoluciones, como los autos»: 114.187 en 2017.

Repasada la «fría realidad de los datos», Concepción recordaba que, en vista de la situación, «el propio Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial» aconsejaba la creación de una serie de plazas en Castilla y León: tres en las audiencias provinciales Ávila, Salamanca y Valladolid, un juzgado de Primera Instancia en Aranda, otro en León, dos de lo Social también en León y uno de lo Penal en Segovia. Si bien tales necesidades «en este momento se advierten imprescindibles» son todavía «insuficientes», aseguró el presidente del TSJ, para detallar las otras siete que habría que añadir a tal listado.

Lamentaba no obstante que el Ministerio de Justicia haya atendido «de manera muy poco significativa estas peticiones, limitándose a crear en octubre del año pasado cuatro órganos: dos aún inactivos y uno puesto en marcha el 31 de enero, el juzgado de Primera Instancia 8 de Burgos, «que nunca ha sido solicitado ni es necesario».

«Frente a ello, ha desatendido refuerzos del todo inaplazables, como el de lo Penal número 2 de Segovia o los terceros de Primera Instancia e Instrucción de Aranda y Miranda», señalaba con pesar.

Al hilo, recordó también que tal «política de restricciones» ha obligado a «adoptar diversas medidas de refuerzo» para hacer frente al incremento de la carga de trabajo en muchos órganos judiciales.

Preguntado por las recientes movilizaciones de jueces y fiscales, que se concentraban en todo el país la pasada semana para clamar contra el abandono de este ámbito y reclamar mejoras, José Luis Concepción afirmó que comparte sus reivindicaciones: «Son totalmente justas y es evidente que su labor no está sustentada por quienes deben hacerlo», el Gobierno o las comunidades en aquellas zonas con competencias transferidas.

A juicio del presidente del TSJ de Castilla yLeón tal dejadez se traduce en «medios obsoletos» y nuevos sistemas que «deberían haber llegado hace años».

Inevitable fue la referencia a la Nueva Oficina Judicial, «que, lejos de ayudar, da más trabajo». No obvió tampoco el aspecto salarial y el recorte sufrido hace seis años «sin haber recuperado nada hasta la fecha», apostilló.

Con todo, pese a coincidir en el fondo de la cuestión, Concepción quiso desmarcarse en las formas de protesta, pues afirmó que «personalmente, creo en el diálogo por encima de todo».

Asumía, no obstante, que ni la palabra ni una huelga podrán obtener resultado alguno «mientras los gobiernos, sean del color que sean, no se conciencien de que el judicial debe estar en igualdad de condiciones con los otros dos poderes del estado», apostilló.