El CSIC niega «razones técnicas» para el derribo del puente del AVE

No cabía duda de que Torrescámara, la empresa que ejecuta la demolición y posterior reconstrucción del puente del AVE en Frandovínez, iba a emplear todos los argumentos técnicos posibles para ganar la demanda que interpuso el pasado mes de marzo contra Adif por considerar al organismo responsable de haber ejecutado mal la obra y de obligar a la reedificación. Su empeño les ha procurado un argumento potente después de que se haya conocido, según publicaba ayer Okdiario, un informe que concluye que «no había razones técnicas» para ordenar la demolición.Y es que esa es la principal conclusión del estudio de 94 páginas que firma el Centro Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC), una prestigiosa institución pública dependiente del Ministerio de Economía que podría haber dado los argumentos suficientes para que un juez determine que Adif ha despilfarrado dinero público por una errónea decisión sobre la estructura en cuestión.Fue a finales de noviembre cuando Adif, dos años después de que la estructura del puente estuviera finalizada, comunicó a la empresa responsable que le concedía seis meses de plazo para desmontarlo y volverlo a construir, alegando que las pruebas realizadas durante los últimos meses habían detectado «fallos visibles» que arrojaban «dudas razonables» sobre «la seguridad, la funcionalidad y la durabilidad» de esta instalación.El 26 de enero, tal y como adelantó este periódico, Torrescámara «comunicó que estaba finalizando el proyecto de demolición del tablero y las pilastras del viaducto» y «se comprometió a ejecutar la demolición, una vez se disponga de todas las autorizaciones administrativas necesarias», a sufragar la obra en su totalidad y a completarla en un plazo de seis meses, que de momento se cumple.Paralelamente, la UTE maniobró para proteger sus intereses y planteó una demanda contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para defender que no existían fallos en la estructura del puente o que, si se hubieran detectado, éstos no serían imputables a la empresa. Fruto de esta demanda, Torrescámara encargó al CSIC el informe conocido ayer sobre la resistencia del puente de Frandovínez niega razones de carácter técnico que justifiquen la demolición, ordenada el pasado 27 de noviembre. Tampoco detectó este organismo autor del nuevo estudio que existieran «daños internos».Además, el CSIC confirma que fueron correctas las mediciones realizadas por Ayesa, empresa encargada de la asesoría técnica del proyecto de la línea de Alta Velocidad entre Venta de Baños y Burgos en su tramo de Estépar a la capital de la provincia, que constataban la resistencia del hormigón.La resolución pone el foco en otra consultora, Cemosa, autora del informe sobre el puente en el que Adif se basó para ordenar el derribo y posterior reconstrucción.OTROS INFORMESEl CSIC compara sus resultados con los de Cemosa y obtiene, al igual que midió Ayesa, cifras diferentes que indican que la resistencia de los materiales era mayor de la que midió Cemosa.Este periódico trataba ayer sin éxito recabar las valoraciones de las distintas empresas implicadas en este procedimiento. Tanto Torrescámara como Ayesa declinaban hacer cualquier tipo de declaración sobre el contenido del nuevo informe y sugerían trasladar la pregunta al cliente, es decir, Adif.Adif, por su parte, no dispone del citado documento según confirmaron ayer a este periódico fuentes del gestor público de infraestructuras ferroviarias. Reconocían eso sí que la UTE les había informado del encargo de un estudio propio sobre las condiciones del tablero del viaducto, cuyas conclusiones conocían por la prensa.Con todo, Adif recalcaba que la decisión de tirar abajo el puente para volverlo a levantar no se explica únicamente por los parámetros de resistencia del hormigón que ha analizado el CSIC. De hecho este organismo recuerda que solicitó a un «laboratorio acreditado» varias «campañas de extracción de testigos que dieron lugar a los informes que motivaron la decisión». Esos documentos, según explicaron a este periódico, acreditan «falta de resistencia», pero también más problemas de ejecución de obra. Entre ellos mencionan «fisuras de retracción o la falta de cohesión de hormigón», además de «otros».Al tratarse de un defecto imputable al contratista, Adif ordenó a la UTE el derribo. Pese a la controversia legal, el organismo dependiente de Fomento reconoce que Torrescámara «ha mostrado en todo momento su colaboración» para buscar «la mejor solución posible para garantizar la seguridad de la infraestructura» y, de hecho, la UTE planteó alternativas técnicas para evitar la demolición del tablero. Sin embargo, Adif entiende que «es la única solución que garantiza la seguridad y funcionalidad de la estructura durante toda su vida útil».EL JUEZ DECIDIRÁMás allá de la intervención sobre el terreno ya en marcha, queda ahora para el juez determinar si Adif se basó en un informe erróneo lo que supondría un gasto innecesario de dinero público de 2,91 millones o bien si concede que el puente se construyó mal y existían más razones que la resistencia del hormigón para decretar el desmantelamiento.Para evitar nuevos sustos, el gestor de infraestructuras ferroviarias ha extremado la vigilancia de la actual reedificación del viaducto. En concreto, adjudicaba recientemente un análisis complementario de las condiciones de ejecución de la obra sobre el río Arlanzón. Asumirá esta tarea por un importe total de 93.738 euros el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones. Al mismo tiempo, el experto de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense Miguel Ángel Utrilla será el encargado de prestar asistencia técnica, tarea que supondrá un desembolso de 17.600 euros.Sea como fuere, ya se ha retirado el tramo central del tablero y ahora mismo no pueden circular los trenes, ni podrán hacerlo hasta que no se haya reconstruido e instalado de nuevo las vías y la catenaria. En la práctica, no obstante, esto no implicará un mayor retraso del ya previsto para la llegada del AVE a Burgos, pues el del puente no es el único problema de reconstrucción de la línea al que tiene que enfrentarse Adif, que calcula que todas las incidencias podrán estar solucionadas a la vez, a finales de este año.Fomento estudia en la actualidad la solución técnica para corregir el hundimiento del terraplén del viaducto sobre la A-62 a la altura de la localidad de Palenzuela. Ese montículo se hundía y desplazaba fruto de un mal cálculo de la resistencia del terreno, que ha resultado ser más blando de lo previsto por lo que habrá que reforzarlo. Cómo y cuándo se decidirá en los próximos días, pero aún habrá que esperar a la ejecución del nuevo proyecto que tiene un plazo de cuatro meses para ver el problema solventado.